Más de 100 niños y niñas en Curuguaty se ven forzados a continuar sus clases escolares al aire libre, expuestos a las bajas temperaturas del invierno, tras el desalojo de su comunidad ocurrido el pasado 3 de junio. La medida dejó a unas 230 familias sin hogar, sin escuela y sin acceso a servicios básicos.

El operativo fue llevado a cabo por agentes policiales y un oficial de justicia en la comunidad ubicada a orillas del río Curuguaty’y, en el Departamento de Canindeyú. Durante el procedimiento se destruyeron viviendas, una escuela comunitaria, una capilla, seis tanques de agua y unas 400 hectáreas de cultivos.

Las familias afectadas afirman que el desalojo fue promovido por un presunto propietario de las tierras, a quien vinculan con una figura política regional. Según los pobladores, la persona en cuestión reclama títulos sobre más de 2.000 hectáreas, donde actualmente estarían avanzando tareas de deforestación.

Los niños y niñas que antes asistían a una escuela improvisada pero funcional, hoy continúan su año escolar bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Padres, madres y docentes improvisan clases en espacios abiertos, sin materiales educativos ni abrigo suficiente para enfrentar el frío.

Los afectados solicitaron al Estado paraguayo una intervención urgente para asistir a la comunidad. Denuncian la pérdida total de su infraestructura básica y apelan a la respuesta de instituciones educativas, sociales y de protección de derechos humanos.

Desde el desalojo, las familias acampan en carpas improvisadas. Alegan que llevaban años solicitando la regularización de las tierras y que existía predisposición al diálogo, pero no obtuvieron respuesta institucional. La falta de alternativas habitacionales agudiza la emergencia.

El Ministerio de Educación aún no ha informado sobre medidas específicas para garantizar el acceso escolar de los menores afectados. Por su parte, organismos de derechos humanos han comenzado a monitorear la situación y documentar posibles vulneraciones.

Fuente: Última Hora