En entrevista con medios de prensa, Nakayama afirmó que los hechos denunciados son graves y justifican impulsar la salida de la legisladora. Según explicó, Delgado habría utilizado su influencia para incorporar funcionarios a quienes supuestamente exigía una parte de sus remuneraciones como contraprestación.
Asimismo, señaló que existirían denuncias sobre el presunto cobro de sumas de dinero a cambio de nombramientos, una práctica que, según los relatos, habría involucrado incluso préstamos de la Caja Parlamentaria para que los beneficiarios pudieran pagar por el acceso a los cargos.
“Lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es solicitar la pérdida de investidura de la senadora”, manifestó Nakayama, al considerar que la conducta denunciada podría encuadrarse en el uso indebido de influencias.
Consultado sobre la posibilidad de que Delgado solicite su propio desafuero o pida permiso, el legislador sostuvo que esas decisiones no deben impedir que el Congreso analice su permanencia en el cargo. En ese sentido, adelantó que acompañará el pedido de pérdida de investidura que, según indicó, estaba preparando la senadora Yolanda Paredes.
Respecto a los votos necesarios para concretar la medida, Nakayama señaló que será necesario dialogar con sus colegas del Partido Colorado. No obstante, consideró que, ante la gravedad de las denuncias y las pruebas que, según afirmó, existen, no habría justificación para mantener a Delgado en el Senado.
El legislador también advirtió que los presuntos cobros a funcionarios para acceder a nombramientos no serían una práctica exclusiva del Congreso, sino que se habrían registrado durante años en otras instituciones públicas, incluida la Municipalidad de Asunción.
Según Nakayama, este mecanismo consistiría en exigir a funcionarios contratados que obtengan préstamos de cooperativas u otras entidades para entregar dinero a quienes supuestamente gestionan sus nombramientos. A su criterio, se trata de una práctica irregular que termina convirtiéndose en una forma de presión y extorsión contra los trabajadores del sector público.
