La magistrada proceso a Farid por extorsión y descartó el tráfico de influencias, considerando que el mismo no tiene la calidad de funcionario público, según la resolución que se dio a conocer.

En su resolución, la jueza refiere que el fiscal Joel Cazal, en su requerimiento de medidas cautelares solicitó la aplicación de la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, requiriendo la aplicación de medidas menos gravosa en favor el imputado, específicamente el arresto domiciliario.

Luego la jueza afirma que no es de su competencia porque el hecho ocurrió en San Lorenzo, pero que considerando la urgencia del caso, analiza si corresponde o no la aplicación de medidas.

La magistrada consideró que el hecho es grave, “pues no solo afecta el patrimonio de la víctima, sino que también tiene por efecto el descrédito de la administración de justicia, debido al lazo existente entre el imputado y la juez a cargo de la causa por la cual está siendo procesado el exposo de la víctima en este caso.

Por otro lado, dice que resulta imprescindible la presencia del imputado en la tramitación de la causa.

En cuanto al peligro de fuga dijo que la expectativa de pena de hasta cinco años de privación de libertad, en caso de llegar a una condena, lo que “en esencia indica el peligro de fuga”.

En cuanto al peligro de obstrucción, dijo que el fiscal no ha indicado nada al respecto, “por lo que esta magistratura no puede sostener, ni presumir su existencia sin que el titular y director de la investigación haya indicado como y que acto concreto de investigación puede ser obstruido”.