El Paraguay inicia una nueva etapa de administración municipal con la asunción de los 263 intendentes electos en los comicios del pasado 4 de octubre. Las nuevas autoridades tendrán cinco años para demostrar que las promesas realizadas durante la campaña pueden convertirse en políticas públicas, obras y servicios que respondan a las necesidades de sus comunidades. El desafío no estará solamente en ejecutar proyectos, sino también en administrar correctamente los recursos públicos y rendir cuentas sobre cada decisión.
Los resultados de las elecciones municipales dejaron una distribución política en la que la Asociación Nacional Republicana (ANR) conserva el predominio territorial, con 187 intendencias, equivalentes al 71,1% del total. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) obtuvo 34 municipios, mientras que Yo Creo consiguió tres. Las otras 39 intendencias quedaron distribuidas entre alianzas y diferentes movimientos políticos.
En total, fueron elegidos 263 intendentes y 2.832 concejales titulares, en unos comicios que registraron una participación del 58,9% de los electores habilitados, según los datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Más allá de la distribución partidaria, el inicio de este periodo coloca a las nuevas autoridades ante una responsabilidad administrativa y política. La ciudadanía espera respuestas en materia de infraestructura, caminos, desagües, recolección de residuos, iluminación, ordenamiento urbano y mejoramiento de los servicios municipales.
Sin embargo, uno de los principales desafíos será garantizar que las administraciones locales cuenten con planificación, capacidad de ejecución y mecanismos de control que permitan conocer cómo se utilizan los fondos públicos.
Contraloría pone el foco en la transparencia
En la antesala de la asunción, la Contraloría General de la República (CGR) puso a disposición de las municipalidades la Guía de Transición Municipal Transparente, una herramienta que busca garantizar que el traspaso de las administraciones se realice con información pública clara, verificable y accesible para la ciudadanía.
La disposición contempla la verificación de las obligaciones de transparencia activa, el estado de ejecución de los planes de integridad y la elaboración de informes que deberán ser publicados en los sitios institucionales de las municipalidades o en el portal habilitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).
La aplicación de esta guía es obligatoria para las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de todos los municipios, independientemente de su tamaño, categoría o nivel de desarrollo institucional.
La iniciativa adquiere relevancia en un contexto en el que las nuevas autoridades deberán recibir información sobre la situación administrativa y financiera de las comunas, los compromisos pendientes, las obligaciones contractuales y el estado de los proyectos en ejecución.
Presupuesto, contrataciones y control
Otro de los aspectos que estará bajo la lupa es la administración presupuestaria. La ejecución de los recursos municipales, las transferencias, los royalties y los fondos destinados a programas como Hambre Cero forman parte de los temas que deberán manejar las nuevas autoridades.
La Contraloría y el Gobierno convocaron para el viernes 6 de noviembre a una Jornada Nacional de Integridad y Gestión Municipal, bajo el lema "Gobernar bien desde el primer día", que reunirá a los 263 intendentes, 2.832 concejales y gobernadores de los 17 departamentos.
El programa contempla capacitaciones sobre presupuesto y ejecución financiera, desarrollo productivo local, formalización, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de contrataciones públicas municipales.
También se abordarán los procedimientos establecidos en la Ley N.º 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, los riesgos frecuentes en los procesos de adquisición, el sistema de control interno, las declaraciones juradas de bienes y rentas y los conflictos de intereses.
La rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos será otro de los ejes centrales, en el marco de la Ley N.º 7389/24, que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.
Representación femenina
Los resultados municipales también dejaron una baja participación de mujeres en los cargos ejecutivos locales. Según las estadísticas del TSJE, solamente el 11,4% de las intendencias estará encabezado por mujeres, mientras que en las juntas municipales la representación femenina alcanza el 23,7% de los concejales titulares.
La cifra evidencia que el acceso de las mujeres a los principales cargos de decisión municipal continúa siendo limitado, pese a la participación que tuvieron durante el proceso electoral.
El examen comienza
La asunción de las nuevas autoridades marca el cierre de la competencia electoral y el comienzo de una etapa en la que los resultados de gestión pasarán a ocupar el centro de atención. Los intendentes deberán demostrar capacidad para administrar, ejecutar obras, responder a las demandas ciudadanas y mantener una relación transparente con los órganos de control y las juntas municipales.
El desafío también tendrá una dimensión política. Los municipios constituyen espacios importantes de representación y construcción de liderazgos, por lo que el desempeño de las nuevas administraciones tendrá incidencia en el escenario político nacional y en las disputas electorales de los próximos años.
No obstante, la principal evaluación no estará determinada por las estructuras partidarias, sino por la capacidad de cada gobierno local para responder a sus comunidades.
Las urnas otorgaron legitimidad a las nuevas autoridades, pero esa confianza deberá sostenerse con resultados, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Los 263 intendentes comienzan así un periodo en el que las promesas electorales dejan de ser compromisos de campaña y se convierten en obligaciones de gestión.
