Con las “recientes acciones contra la Iglesia católica y organizaciones civiles” el máximo representante de la ONU exigió a la dictadura de Nicaragua la pronta liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria y reiteró su llamado al régimen de Ortega para que garantice "la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión".

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos".

En un comunicado la CIDH urge a "la liberación inmediata del obispo Mons. Rolando Álvarez y de las personas detenidas", y pidió que se garantice su vida e integridad personal. La CIDH recordó también que el pasado 17 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos habría sido "forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Curial de Sébaco. El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y; al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones. El 14 de agosto, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas".

Tras detallar cada uno de los actos violentos que la dictadura de Nicaragua ha sistemáticamente realizado contra la Iglesia de Nicaragua, un llamado al Estado de Nicaragua para que "cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica".