La Fiscalía impuso para cada uno de ellos una caución real de G 1.000 millones y para cubrir este monto, los procesados ofrecieron inmuebles, sin embargo incumplieron con lo establecido, debido a los siguientes motivos: 

Natalia Soledad Valenzuela ofreció un inmueble ubicado en Fernando de la Mora, tasado en G 670 millones, pero la propiedad se halla sometida bajo el régimen de bien de familia y a la fecha la misma no ha presentado inmueble alguno.

Israel Espínola solo ha presentado un inmueble por el valor de G 60.000.000 al cual se le ha trabado embargo, sin embargo le falta cubrir la suma de G 940.000.000. 

José López ofreció un inmueble ubicado en el distrito de San Roque, sin embargo los datos proporcionados por el imputado no corresponden a los datos que obran en registro, por lo que no pudo ser trabado el embargo. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la investigación sigue su curso y se debe garantizar el sometimiento de los mismos al proceso, el magistrado los declaró en rebeldía y ordenó su captura a la Policía Nacional. 

Esta causa investiga un supuesto desvío de G 18.384.427.005 millones de la Gobernación de Central, a través de un esquema conformado supuestamente por funcionarios de la gobernación y proveedores.