En su momento, la fiscal Liliana Duarte había dado cumplimiento al auto interlocutorio nº 769, firmado por la citada magistrada y allanó una vivienda ubicada en el barrio Centro de Puerto Irala, donde detuvo a los imputados, Ismael Gustavo, de 33 años; Héctor Fabián, 37, y Braulio Martínez Barrios, de 47 años. Todos fueron sindicados por el intendente Benegas Cabrera como quienes atentaron a balazos contra su vida, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Fue interceptado por un automóvil Toyota Auris, chapa AAHA727, registrado a nombre de Héctor Fabián.

La víctima se movilizaba a bordo de su camioneta Nissan Knicks de color blanco, sin chapa, que finalmente fue incautado por orden fiscal y quedó en la comisaría jurisdiccional a disposición de la investigación. Según relató en la fiscalía, del automóvil descendieron tres sujetos plenamente identificados y empezaron a disparar contra su humanidad, situación que lo hizo imprimir velocidad a su rodado y huir hacia el puesto policial para guarecerse de los marginales, quienes ya lo habrían amenazado anteriormente. Los Martínez requieren de manera seguida la cancelación de una deuda de la intendencia.

ANTECEDENTES

El intendente en ejercicio inició sus problemas con la familia Martínez el mismo día que ganó las elecciones para un nuevo periodo al frente de la Comuna. Esa noche, le incineraron su automóvil estacionado frente a la seccional colorada del municipio. El padre de los ahora procesados había sido concejal en el periodo anterior y la administración con un saldo negativo en pago de sus dietas, hecho que la familia recordaba a Benegas Cabrera. Este dijo en declaraciones públicas que la deuda existe, pero que a falta de recaudación se hallaba imposibilitado a cumplir con esa obligación.

El atentado preparado contra la autoridad comunal causó conmoción en el distrito del Sur de Alto Paraná, donde se teme por la vida de su intendente. Los elementos incautados serán sometidos a peritaje en carácter de anticipo, según la Fiscalía.

LA ESCENA

En la escena del atentado, los investigadores de la Policía lograron levantar evidencias que serían importantes a la hora de presentarlas como pruebas de los hechos de coacción grave, violación de ley de armas y amenaza de hechos punibles. La juez Frutos ya dispuso la remisión a prisión de los encausados y el Ministerio Público cuenta con seis meses de plazo para presentar su requerimiento conclusivo.