El ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, comentó que la institución realizó un análisis acerca de la inversión que se destinó en los últimos años a los campesinos que se movilizaron desde mediados de octubre en Asunción. En el informe figura que el mayor monto corresponde al 2017, con casi G. 21.000 millones, mientras que las transferencias fueron inferiores este año, con poco más de G. 1.100 millones.

Sobre los cuestionamientos acerca de su ejecución y la falta de control, Bertoni aseguró que los campesinos sí rindieron cuentas del dinero que recibieron y que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene una trazabilidad de su utilización.

“Ahora lo que sí nosotros queremos es orientar para que se dé el mejor uso e ir mejorando el impacto de los recursos. También hay que mencionar que esto no es solamente para ellos, es para todos. Son recursos públicos que deben ser distribuidos de manera equitativa entre todas las organizaciones y las cooperativas”, aclaró el secretario de Estado.

En ese sentido, explicó que se priorizarán los proyectos productivos que incorporen tecnología, mecanización de los cultivos y excavación de pozos artesianos para el sistema de regadío, entre otros.

Asimismo, aclaró que no calificarán aquellos beneficiarios de otros programas del MAG o que sean funcionarios públicos, situación que se corroborará con un cruzamiento de datos que tiene sistematizada la institución.

“Lo que debe quedar claro es que no vamos a permitir que sea un despilfarro, que pueda ir para todas las organizaciones a nivel nacional y que vamos a priorizar aquellas cuestiones que van a generar impacto”, insistió.

En cuanto a los plazos para realizar las transferencias, estimó que desde que se presente una carpeta con las propuestas, tomará dos semanas aprobarla si reúne todos los requisitos, teniendo en cuenta que la cantidad de funcionarios que hacen oficina es reducida como consecuencia del Covid-19 y que hay otros programas que se están ejecutando.

También mencionó que si bien no maneja la fecha en que se promulgará la ley, en breve el Ejecutivo dará su visto bueno, atendiendo que el proyecto fue presentado por el propio Gobierno en el marco del acuerdo firmado con los campesinos que se movilizaron desde octubre en la capital del país.

El proyecto establece la emisión de bonos en el mercado nacional o internacional por la suma de USD 57 millones, de los cuales USD 32 millones se destinan a obras públicas y unos USD 25 millones para la agricultura familiar campesina.

De este monto, alrededor de USD 16 millones se destinan a transferencias y el resto a compra de varios insumos, pago de servicios técnicos y gastos operativos.

La propuesta fue sancionada luego de idas y vueltas en el Congreso Nacional, donde principalmente los cartistas intentaron modificarla para recortar al máximo las transferencias.

En cuatro años, las organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) recibieron casi USD 5 millones en transferencias. La nueva ley apunta a proyectos de gran impacto.