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JUDICIALES / 2020-10-27 / Visitas: 554
Otra denuncia por prevaricato en Fiscalía contra jueza civil Tania Irún
El abogado Ricardo Raúl Estigarribia formuló una denuncia penal en sede del Ministerio Público por el delito de prevaricato contra la jueza en lo civil y comercial de Asunción Tania Irún. Esta nueva denuncia que soporta la magistrada Irún se suma a otras dos más que tiene y donde está siendo investigada por prevaricato y acceso indebido a sistemas informáticos.

Estigarribia sostiene que la jueza Irún desconoce la ley debido a que en un mismo juicio sobre un bien supuestamente la magistrada ordenó el remate del 50% del inmueble, pero en otro fallo judicial dispuso la transferencia del 100% de la misma propiedad rematada, lo cual desconoce la normativa legal, por lo que se pide al Ministerio Público la imputación de la criticada magistrada.

Otras dos denuncias más

La magistrada Irún igualmente cuenta con dos denuncias más en el Ministerio Público. La primera es por acceso indebido a sistema informático, cuya fiscal es Silvana Otazú. Mientras que la jueza está siendo investigada también por prevaricato.

En el presente caso la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Fúster solicitó copia autenticada del expediente caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública” y de la sentencia firmada por la citada magistrada donde benefició con 310 mil hectáreas de tierra a empresas extranjeras, violando así la ley de territorialidad debido a que la jueza habría actuado de forma irregular desconociendo la ley al ordenar la titulación de tierras que están en zonas fronterizas.

JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició a la jueza Irún por existir fuertes sospechas de mal desempeño en sus funciones al dictar un fallo llamativo beneficiando a empresas offshore con 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco, específicamente en zonas fronterizas, a pesar de que la ley prohíbe otorgar tierras a extranjeros en zonas fronterizas.




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