Ya no sorprende a nadie que esquemas criminales tengan a su servicio a funcionarios públicos y hasta a autoridades que los ayudan en la protección. En el caso A Ultranza, fueron diputados nacionales quienes trabajaban con el esquema criminal dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero, según investigaciones.

PRIMER POLÍTICO. Primero cayó, en el 2022, Juan Carlos Ozorio, entonces diputado, quien tuvo que renunciar a su banca para someterse al proceso. Él fue imputado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

Además, fue involucrado por supuestamente gestionar una matrícula paraguaya para un helicóptero del esquema. Se sospecha que la aeronave iba a ser usada para la organización dedicada al narcotráfico.

Los que hicieron la compra de la aeronave fueron dos procesados ya anteriormente en el operativo: José Gamarra (despachante) y Gilberto Sandoval (piloto).

A Ozorio se le escucha, en algunos audios obtenidos por la Fiscalía, en los cuales le avisan sobre la llegada de un cargamento, aparentemente de drogas, desde Bolivia.

Por otra parte, la Fiscalía obtuvo datos de que, supuestamente, lavaba dinero a través de la Cooperativa San Cristóbal, de la cual fue presidente durante muchos años. Así se fue complicando la situación del ahora ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio, quien sigue en prisión preventiva.

ACTUAL DIPUTADO. En cuanto a Erico Galeano, actual diputado del mismo partido, pese a que en principio solo eran sospechas en su contra, ahora –con una imputación encima– hay indicios claros de su participación en la estructura, según el Ministerio Público.

Según la imputación, siendo ya legislador, puso a disposición de la organización una avioneta, para que los principales líderes pudieran trasladarse dentro del territorio nacional. Era una aeronave de su empresa Alpina SA.

De acuerdo con datos de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), gente del esquema usó en cinco ocasiones la avioneta. Está consignado que el 24 de noviembre de 2020 se hicieron tres viajes, siendo los viajeros Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González. Estos nuevamente usaron la aeronave el 27 del mismo mes y el 30 de diciembre del 2020. Todos estos mencionados están imputados en la causa A Ultranza.

La sospecha es que Erico Galeano estuvo al servicio de la organización también lavando dinero a través de la Cooperativa Capiatá, donde supuestamente realizó 17 préstamos por un total de USD 6 millones, los cuales retornó, llamativamente, en uno o dos pagos. Esto fue alertado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) ante el Ministerio Público, pero no fue consignado en la imputación.

Además, hay una denuncia del senador Derlis Osorio, porque, supuestamente, Galeano pidió dinero a políticos para ayudar a Sebastián Marset, prófugo de la Justicia.

También hubo vínculos en el deporte

El esquema criminal también habría utilizado en el mundo del deporte. Esto saltó a consideración, ya que uno de los hasta ahora buscados por la Justicia paraguaya, Sebastián Marset –ciudadano uruguayo buscado por narcotráfico–, formó parte del Club Deportivo Capiatá, como jugador, y también fue representante de futbolistas.

En ese entonces, era presidente de dicho club Erico Galeano.

El año pasado, el fiscal Deny Yoon Pak retiró documentos de los clubes Deportivo Capiatá, River Plate y Rubio Ñu, todos relacionados a Marset.

La investigación iba también por la relación de Sebastián Marset (quien había jugado en esos clubes) y José Estigarribia, propietario de un gimnasio también allanado.