A su criterio, se trata de un presupuesto “vendehúmos”, ya que no ofrece ningún beneficio a la ciudadanía; seguirá acumulando deudas a proveedores, y no concuerda con la capacidad de recaudación del Estado.
“Este es un presupuesto que no sirve para mejorar la calidad de vida de la gente. Esto está clarísimo, y es una conversación que no tenemos. O sea, tenemos un presupuesto que ya no tiene las herramientas financieras básicas para cubrir o mejorar los gastos”, expresó en una entrevista con Última Hora.
Si bien destacó que se hayan otorgado aumentos para entidades que atienden a sectores vulnerables, como la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), lamentó que muchas veces el problema pasa porque no existe plan de caja y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no desembolsa los recursos, a pesar de que estaban presupuestados.
“Cuando uno ve el Presupuesto 2026, la ejecución es solamente 55%. O sea que con el presupuesto anterior luego ya no se gastó la plata, porque no hubo plan de caja. ¿Y por qué no hubo plan de caja? Porque probablemente no había plata. Entonces, al final uno va aprobando un presupuesto supermentiroso para la gente”, acotó.
Sobre esa línea, sostuvo que esta situación no podrá revertirse en los próximos años, si no se avanza hacia un diálogo en cuanto a la necesidad de recaudar más.
Advirtió que uno de los principales riesgos para las finanzas públicas se enmarca en el crecimiento de la deuda pública en general, así como en la problemática de las obligaciones a farmacéuticas y constructoras, que seguirán extendiéndose durante los próximos periodos.
“La realidad es que el presupuesto está reventado, y hay como una negación de parte del oficialismo de la realidad. Tenemos crecimiento de la deuda cada vez más pronunciado año a año, las recaudaciones no aumentan como ellos dicen, las deudas sí aumentan, las responsabilidades todavía se posponen por los otros periodos, entonces, es verdaderamente preocupante”, añadió.
En la última sesión secreta de la Comisión Bicameral, los parlamentarios aprobaron un recorte de G. 185.745,7 millones (USD 28,7 millones) en el proyecto de PGN 2027, a fin de redireccionar hacia aumentos salariales en Salud y otros gastos de varias entidades. El monto tenía previsto destinarse al pago de la deuda a proveedores.
Benítez también cuestionó la baja capacidad de gestión que tiene el Gobierno paraguayo, especialmente en el sector de la infraestructura.
Alertó que para el 2027 prácticamente todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será financiado con créditos.
“Ese es un mensaje muy fuerte, porque si nosotros estamos teniendo todo el presupuesto en préstamo del MOPC, entonces, por lo menos la inversión tiene que ser buena, tiene que valer la pena y tiene que generar realmente desarrollo que permita recuperar ese dinero, entre comillas”, concluyó.
