El letrado explicó que es a efectos de conseguir datos que no pudieron obtener por medio del juzgado de garantías. Además, refirió que un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) menciona que Insfrán no tuvo ninguna medida disciplinaria durante su permanencia allí, pero un funcionario emitió un informe calificándolo de alta peligrosidad. El mismo pretende solicitar un juicio contra el Estado por daños y perjuicios.

De este modo, la defensa del supuesto narcopastor busca tener acceso a las copias de actos administrativos y resoluciones que puedan fundamentar una eventual promoción de la demanda por daños y perjuicios. Uno de los informes requeridos es si la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada fue habilitada por Resolución Ministerial y en su caso, si está destinado para acoger a personas privadas de libertad en forma preventiva y bajó normativa legal.

“Librar oficio a la SENAD, a fin de que en el plazo de tres días informe a este juzgado si el señor José Alberto Insfrán Galeano estuvo recluido en dicha sede y en su caso, especificar el periodo de reclusión; 2) Si durante su permanencia en el citado lugar como persona privada de libertad ha sido objeto de medida disciplinaria por conductas contrarias a la ley o reglamento de la Institución y en su caso, remitir los antecedentes completo a este juzgado en el plazo de 48 horas; 3) informar si la institución cuenta con un organismo técnico competente para calificar a personas privadas de libertad en dicho lugar como de alta peligrosidad y/o de alto riesgo, debiendo remitir en su caso, los criterios legales correspondientes;” entre otras cuestiones.

José Insfrán se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, vinculado al esquema delictivo supuestamente liderado por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset. Según la hipótesis de la Fiscalía, el Pastor Insfrán forma parte del “clan Insfrán”, investigados tras el Operativo A Ultranza Py.