El presidente Alejandro Giammattei anunció el 16 de mayo la nueva nominación de Consuelo Porras por cuatro años más como Fiscal General de Guatemala. Es la primera vez que se reelige a un jefe del Ministerio Público por un segundo periodo consecutivo.

Durante su primer periodo como Fiscal, Porras presidió una serie de cuestionables decisiones que, según los críticos, debilitaron la campaña que libraba el país contra la corrupción, y que trajo como resultado la sanción de un funcionario y un exfuncionario guatemalteco por parte de Estados Unidos.

Esas decisiones incluyeron la expulsión del exdirector de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Además de esto, la Fiscalía, encabezada por Porras, emprendió una persecución judicial contra una alta jueza y múltiples fiscales, lo que obligó a más de una docena de ellos a huir y vivir exiliados en el exterior.

Además de eso, se han conocido denuncias de que Porras ha protegido a Giammattei de investigaciones por financiamiento electoral ilícito. El presidente fue señalado de usar una coima por US$2,6 millones de una firma minera rusa para financiar su campaña a la presidencia en 2019, pero la investigación fue prontamente archivada por Porras, según el medio de periodismo investigativo El Faro, mientras que Porras ha negado esos señalamientos.

Justo después de su ratificación en el puesto por Giammattei, Estados Unidos castigó con nuevas sanciones a Porras y a su esposo el 16 de mayo. Según la Ley de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (Foreign Operations, and Related Programs Act), ambos tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos, junto con sus parientes próximos.

El mismo proceso de redesignación de Porras es cuestionable. Aparte de la sanción de Estados Unidos sobre su cabeza, fue la candidata con el mayor número de recursos en contra de los seis designados por la comisión de postulación. Según elPeriodico, no obtuvo los votos para ser incluida en la lista, que termina enviándose al presidente, quien hace la selección final, pero fue añadida después de que la Corte de Constitucionalidad del país reestructurara los requerimientos de postulación para obligar a la comisión a incluirla.

En un comunicado de prensa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró cómo Porras "obstruyó y desvió de manera repetida las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener una ventaja política indebida".

La designación se suma a la adición, en 2021, de su nombre a la llamada Lista Engel de actores corruptos y enemigos de la democracia en el Triángulo Norte.

Análisis de InSight Crime

Pese a las protestas sostenidas en el país y en el exterior, no es sorpresa la ratificación de Porras como Fiscal General.

En 2018, InSight Crime reveló la naturaleza corrupta y altamente politizada de la elección de fiscales generales en Guatemala. Aunque en un inicio se conformó la comisión de postulación con 15 integrantes para hacer más democrático el proceso y garantizar un sistema de meritocracia, sucedió todo lo contrario. Una serie de decanos de escuelas de derecho se disputan un lugar en la mesa para conformar la lista de seis posibles candidatos, la cual se presentará al presidente.

Estos lugares son tan codiciados por la influencia que se obtiene con el control del Ministerio Público. Un sistema igual de turbio y cuestionado se ha impuesto sobre las designaciones de magistrados de las altas cortes durante décadas en Guatemala.

El control sobre las cortes en especial ha sido visto por los funcionarios de alto nivel como un mecanismo para asegurar su impunidad ante su eventual salida de cargos públicos.

Para Porras, un segundo periodo augura la instrumentalización del Ministerio Público, en cuanto ella mantendrá el control de las iniciativas contra la corrupción y la impunidad.

La Fiscalía General ha orquestado el debilitamiento de las instituciones judiciales, presuntamente obstruyendo investigaciones y paralizando la FECI desde su primera designación por parte del expresidente Jimmy Morales en 2018.

Porras se hizo a un lado cuando Morales terminó de desmontar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y en el mandato del presidente Giammattei, ha logrado descabezar la FECI con la destitución de Juan Francisco Sandoval, su antiguo director, mientras ha relegado repetidamente las investigaciones de este organismo y su lucha contra la impunidad.

La administración Biden ha dejado ver categóricamente su desaprobación de la gestión de Porras y estos asaltos sistemáticos a las iniciativas anticorrupción, pero no puede hacer mucho más. Guatemala, después de todo, sigue siendo un aliado crítico en las metas globales estadounidenses de frenar la inmigración centroamericana hacia el norte.