Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) constató que las mascarillas adquiridas por la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, no correspondían a lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto al origen de las mismas.

Además, la petrolera estatal confirmó que realizó la donación de 2.000 mascarillas al Ministerio de Salud sin contar con los documentos que avalen haber sido adquiridas por la institución en el marco de la contratación por la vía de la excepción.

Este es el informe de la Contraloría sobre Petropar.

Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, indicó que las mascarillas fueron verificadas y que –aparentemente las que fueron distribuidas al Ministerio de Salud– estaban vencidas.

"Teniendo en cuenta que es para el personal de blanco... 2.000 unidades se donaron para el Ministerio de Salud, y teniendo en cuenta el usuario principal, y la otra partida fue utilizada por funcionarios de la propia entidad, estamos ante una situación delicada", afirmó a un medio local.

Asimismo, indicó que había productos e insumos cuya adquisición no era de urgencia impostergable, como por ejemplo los tanques de 1.000 litros, el agua tónica, bidones, lentes protectores, termómetros, entre otros. Indicó que podían haberse adquirido en una licitación normal.

En el informe, la CGR refiere que Samudio expuso que los productos y equipos adjudicados el 19 de marzo a la firma Solumedic SA por un monto total de G. 359.700.000 y que aún se encontraban en los depósitos de la institución, no significa que la compra bajo ese parámetro se torne irracional o inconsistente, porque la presencia de equipos y productos no obedece a que "sobraban" y que no "era necesaria su adquisición".

El ente contralor expresa además que los informes proveídos por la institución petrolera no han justificado plenamente que los ítems adquiridos por Petropar contribuyeron para el combate efectivo del Covid-19.

Agua tónica

Es así que para la fundamentación de la compra de agua tónica, adquirida a un precio superior a su valor de mercado, no remitieron documentos que sustenten técnica y científicamente cuáles son las propiedades de sus componentes y cómo contribuiría al combate contra el Covid-19 y a fortalecer las acciones de prevención y control de la enfermedad.

Refiere además que ni Samudio ni la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente justificaron con documentos probatorios cómo la adquisición de pallets, termómetros industriales y bidones mitigarían el contagio de la enfermedad, ni su urgencia en la adquisición de los mismos.

"Es importante mencionar que al invocar la urgencia impostergable como un supuesto de excepción, Petropar señala la inmediatez de la provisión y por ende la urgencia tácita de la utilización de los mismos; sin embargo, tal como el equipo auditor pudo verificar, a 26 días de recibidos los productos, cierta cantidad permanecía en los depósitos de la institución, sin uso ni distribución, desvirtuando con este hecho la causal de la urgencia argumentada para la compra de los insumos", señala el informe.

Tapabocas vencidos

En otro punto, refiere que las máscaras descartables N95, verificadas en el depósito de la institución en la ciudad de Villa Elisa, se encontraban vencidas.

En el lugar hallaron 765 unidades de respiradores descartables en los que no se indicaban la fecha de fabricación ni de vencimiento, considerando que 2.000 unidades fueron donadas al Ministerio de Salud para uso del personal.

En su conclusión general, la Contraloría General de la República afirma que teniendo en cuenta la contratación realizada por Petropar a través del procedimiento por la vía de la excepción para la adquisición de equipos y productos, adjudicada a la firma Solumedic SA por la suma de G. 359.700.000, no se enmarcó dentro de una situación de urgencia impostergable, teniendo en cuenta que la institución no requería de forma urgente todo lo adquirido y que no ayudaban a la prevención del Covid-19.

Manifiesta además que Petropar no pudo justificar la entrega de insumos y equipos por un valor total de G. 81.366.000, ya que los mismos no contaban con los documentos que respalden su distribución a los funcionarios de la empresa estatal o que en su defecto estos hayan sido donados.

En el informe se expresa que al no haber optado por un procedimiento de contratación ordinario cumpliendo con todos los principios, Petropar se privó de haber obtenido precios más ventajosos y asegurar las mejores condiciones para su adquisición.

Finalmente, se constató que las mascarillas adquiridas no correspondían a lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto al origen de las mismas y además la institución confirmó que realizó la donación de 2.000 mascarillas al Ministerio de Salud, sin contar con los documentos que avalen haber sido adquiridos por la institución en el marco de la contratación por vía de la excepción.

El 29 de mayo pasado, la Fiscalía imputó a la ex titular de Petropar Patricia Samudio por lesión de confianza en calidad de autora, mientras que otras 21 personas fueron procesadas bajo la misma figura, en calidad de cómplices, luego de las presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).