Este fallo judicial fue recurrido por los representantes legales de Vergara quien espera que el tribunal de apelación del departamento Central actúe conforme a derecho y revoque la resolución dictada por la magistrada Román. Los camaristas María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba y Lourdes Cardozo deben decidir si revocan o anulan la determinación adoptada por la citada magistrada.

El presente proceso penal es inédito debido a que el imputado Marcelo había adquirido dos dúplex del denunciante del presente caso, Martín Ponisio, a quien abonó la suma de G. 1.100 millones y donde el hoy denunciante le entregó recibos de dinero. Al no poder transferir a su nombre los inmuebles Vergara inició en el ámbito civil un juicio de obligación de hacer escritura pública tratando de que la justicia le brinde la garantía para poder transferir lo que había comprado.

Ante este hecho, Ponisio realizó una denuncia por supuesta estafa ante el Ministerio Público y contrató al estudio jurídico del actual candidato al Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello y Harry Biederman. A raíz de la intervención de los citados profesionales el caso avanzó notablemente y el Ministerio Público formuló la imputación contra quien compro los dúplex e inició un juicio civil para lograr titularlo.

En el acta de imputación la Fiscalía solicita nada más y nada menos que la prisión preventiva del imputado y ese pedido debe llamar la atención debido a que se trata de un delito cuya pena es hasta 5 años de cárcel y la norma establece conceder medidas.

La imputación se presenta en el juzgado de Luque donde un juez de garantía ordenó la prisión del imputado quien estuvo preso por 6 meses cumpliendo la pena mínima, logrando así salir de la cárcel bajo la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión. Entre las normas estaba la prohibición de acercarse a la víctima.

Pasaron los días y la querella adhesiva representada por Harry Biedeman y Óscar Paciello presentan supuestamente una prueba donde el imputado habría violado sus medidas por lo que piden a la jueza Carmen Román la revocatoria de la libertad y la citada hace lugar y dispone la prisión a pesar de que el procesado ya cumplió la pena mínima como dice nuestra carta magna. Ante el referido fallo judicial se apeló y esta para resolver en el tribunal de apelación de Central.