El abogado Hernán Vergara, bajo patrocinio de su colega Osvaldo Bittar, recusó a la fiscala Victoria Acuña, debido a que su objetividad estaría afectada en la investigación al exgorbenador de Caazapá y actual diputado colorado, Avelino Dávalos, por presuntos peculados durante su gestión anterior a la de legislador.

La agente del Ministerio Público, cuyo apartamiento de la causa se solicitada, no solo solicitó la desestimación de la denuncia contra Dávalos sino se ratificó en esta postura, cuando el juez de la causa se opuso a su petición. “La intervención de la misma se podría ver afectada en cuanto a su objetividad, ya que en los momentos procesales oportunos ha persistido en su postura de desestimación de la denuncia, lo que claramente denota que la misma no podía intervenir conforme a las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal”, dice el escrito de los abogados.

La fiscala adjunta María Teresa Aguirre, en representación de la Fiscalía General del Estado, había rectificado el pedido de desestimación de la denuncia hecha por Acuña. Aguirre dijo que existen diligencias que se deben realizar y que en consecuencia la investigación tiene que continuar.

Entonces, la carpeta fiscal nuevamente fue remitida a Acuña, en cuya gestión ya no confían los denunciantes, debido a que en dos oportunidades intentó blanquear al actual parlamentario colorado. Se habla de injerencia política.

La recusación fue planteada ante la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien tiene que resolver si confirma o no a Acuña.

Denuncia

La denuncia que dio origen al proceso sindica a Dávalos como presunto responsable de un perjuicio patrimonial al Estado de G. 192.187.375.600, cuando era gobernador, según auditoría externa realizada por el licenciado Gustavo Adolfo Acuña Molinas.

Se agregó igualmente una presunta apropiación de bienes por valor de G. 242.946.573, que fue descubierta mediante inventario de bienes. Y según auditoría, durante la gestión de Dávalos no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competencia de la gobernación. Asimismo, apareció la disposición activa y discrecional de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre cheques emitidos por la gobernación y lo obligado según ejecución presupuestaria.