De acuerdo al escrito que ya fue presentado ante la máxima instancia judicial por el mencionado gremio, el rematador público Raúl Sosa Navarro, se encontró con la sorpresa de que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta. Asimismo se pide la auditoria del caso para demostrar la grave irregularidad de la magistrada.

También se hace saber a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.

Igualmente dice el escrito que el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.

Ante la comunicación sobre la presunta grave actuación de la citada magistrada de Encarnación, departamento de Itapúa, se pide a los miembros de la Corte y en especial al presidente de la Corte, la auditoria del mencionado expediente judicial.