El Ministerio Público se presentó tras la denuncia realizada por la lideresa de la comunidad, Élida Prieto, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y las organizaciones Tierraviva y Codehupy.

Sin embargo, la fiscala Norma Salinas, a cargo del caso, finalmente, no requisó las armas y dejó que los civiles armados permanezcan en el lugar, según reportó la lideresa de la comunidad, quien se mostró indignada porque la fiscala le dijo que eran ellos los que debían salir del lugar, y agregó que temen que se llegue a un enfrentamiento que provoque alguna desgracia.

El pasado jueves 17, los civiles armados atacaron el campamento de los indígenas quemando sus chozas y pertenencias, disparando y amenazando, lo que provocó que dos niños resultaran heridos. Los miembros de la comunidad relataron además que los civiles degollaron a tres de sus perros, a los gritos de que los próximos serían ellos, incluso, los niños.

La comunidad asegura que las tierras donde los menonitas cultivan soja es su territorio ancestral y que a través de engaños y trampas, fueron ocupando hasta quedar ellos arrinconados entre el arroyo y los sojales, lo que les genera muchos problemas.

INFORME. El senador Pedro Santa Cruz, de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, fue este martes hasta la comunidad, acompañando a la comitiva del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con algunos víveres. Este jueves, presentó una nota al comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, pidiendo informes sobre la presencia de los civiles armados.

Santa Cruz dijo que trató de hablar con estos “guardias” pero que solo recibió amenazas, por lo que solicitó al comandante arbitrar los medios para fiscalizar a los mismos si cuentan con permisos, registros y documentaciones.

“La situación de violencia que sufre esta comunidad es insostenible, como instituciones debemos intervenir y entre tanto se resuelva la cuestión de la tierra, no podemos permitir que persista el hostigamiento y que sean capangas armados quienes se ocupen de estas familias, evitando que puedan circular para buscar alimentos, agua, atención a la salud, entre otros”, señala parte del escrito que insta a la Policía a intervenir para garantizar la seguridad de los indígenas.