La situación podría es similar a la que le toco vivir al diputado Robert Acevedo, cuando inescrupulosos manipularon una foto en un supermercado, y la hicieron correr por las redes a nivel nacional, buscando perjudicar su imagen y hasta que fuera procesado, cosa que no se dio.
La advertencia- directamente direccionada- hecha por el Presidente de la República, de que nadie está por encima de la ley, parece que no se aplica en estos casos y la violación de la prohibición sanitaria goza de total impunidad.
La misma cosa ocurrió con el intendente José Carlos Acevedo, quien- tras atravesar la frontera, con autorización militar, al retornar a Pedro Juan, fue denunciado, imputado y confinado en un cuartel de Concepción para cumplir con la cuarentena obligatoria durante 14 días.
En esos días, un ciudadano libanés residente en Ponta Porá, pero establecido comercialmente en Pedro Juan Caballero, también ingresó violando la disposición presidencial y fue detenido.
Sin embargo, las autoridades sanitarias y la justicia fueron más generosas, y dispusieron que el comerciante cumpliera la cuarentena obligatoria en el confort de su hogar, y no en las precarias “comodidades” propias de un cuartel, como arbitrariamente hicieron con el intendente pedrojuanino.
Días atrás, una ambulancia del Seme, a cargo del Centro de Salud de Capitán Bado, fue fotografiada estacionada en la vecina ciudad brasileña, mientras su chofer hacía compas en un comercio de las inmediaciones.
Extrañamente, el director del centro de salud badeño, dispuso abrir un sumario para investigar el caso y el chofer fue destinado a cumplir tareas “administrativas” dentro de la institución, cuando lo correcto hubiese sido que se sometiera a la cuarentena como establecen las normas sanitarias vigentes.
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