En el Senado se presentó oficialmente el proyecto de ley que plantea la creación de un fondo nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en unidades de terapia intensiva (UTI) de personas con Covid-19 en los sectores público y privado.

Se establece que parte del presupuesto provendría de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, y otros rubros, que en su totalidad sumarían G. 200.000 millones.

La propuesta lleva la firma de varios senadores que son médicos, como Jorge Querey, Desirée Masi, Antonio Barrios, Zulma Gómez, Esperanza Martínez y Carlos Filizzola.

Además, sus colegas parlamentarios Hermelinda Alvarenga, Stephan Rasmussen y José Ledesma. Todos ellos de diferentes partidos políticos, y ninguno del oficialismo.

En la argumentación del proyecto, se menciona que la creación del fondo especial es para prevenir los gastos excesivos y catastróficos en hospitales públicos y privados.

“Este fondo estará financiado con al menos G. 200.000 millones de diferentes fuentes, administrados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social mediante procedimientos y criterios definidos en la reglamentación”, indica la propuesta.

Se detalla que el monto estimado guarda relación con la disponibilidad de más de 500 camas en el sector público, que podrían utilizarse para personas con Covid, y otras 100 del sector privado.

SISTEMA SANITARIO SATURADO. Los proyectistas refieren que este año se incrementó sustancialmente la transmisión comunitaria del Covid.

Especifican que el nivel más alto de contagio se da en varios distritos del país, pero sobre todo en Asunción y el Departamento Central.

“Esto ha provocado una rápida saturación del Sistema Nacional de Salud, tanto en el sector público como en el sector privado”, se alega en la exposición de motivos.

Se acota que se ha llegado al límite de operación en los servicios de cuidados intensivos, que a su vez implica falta de disponibilidad y problemas en el suministro de insumos esenciales.

Hay coincidencia entre los legisladores con relación a las consecuencias que conlleva esta situación, en cuanto al incremento del gasto del bolsillo para suplir los déficits.

En ese contexto, remarcan que el Ministerio de Salud implementó acuerdos y convenios con el sector privado para que en caso de que no haya disponibilidad en el público, se pueda utilizar esta capacidad, según criterios acordados.

‘’Sin embargo, en la mayoría de los casos los pacientes han ingresado directamente al sector privado por falta de disponibilidad conocida en el sector público’’, se indica en el proyecto.

FINANCIAMIENTO. En la propuesta se señala que el fondo creado está financiado con al menos 90.000 salarios mínimos para actividades no especificadas de la capital, provenientes de tres fuentes.

Una de ellas es la ley que declara estado de emergencia ante la pandemia, y que fue ampliada, que incluye un paquete de créditos.

La otra, a través de los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá, y también donaciones, asignaciones de recursos realizadas por el Ministerio de Hacienda.

La próxima semana se estaría realizando una mesa de trabajo para consensuar y luego tratar esta iniciativa.