El Poder Judicial paraguayo recibió 193 copias del informe elaborado por la organización TEDIC sobre la aplicación incorrecta de la Ley 5777. La normativa, diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia, se utiliza indebidamente para censurar medios de comunicación y periodistas. La distribución del documento busca orientar a los Juzgados de Paz sobre el uso correcto de esta legislación.

La investigación de TEDIC documenta seis casos específicos donde la Ley 5777/16 fue empleada para restringir la libertad de prensa. Entre los afectados figuran Christian Chena y el medio RDN, Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Letizia Medina y Freddy Chamorro. Estos profesionales enfrentaron medidas cautelares que limitaron su trabajo periodístico bajo el amparo de una ley destinada a combatir la violencia de género.

El documento, titulado “Posibles tergiversaciones de la Ley 5777/16”, revela una distorsión sistemática en la aplicación de la norma. Los Juzgados de Paz implementaron restricciones que afectan directamente el ejercicio del periodismo y el derecho a la información. Esta situación genera preocupación sobre el estado de la libertad de expresión en el país.

La organización no gubernamental advierte que la tergiversación de la ley representa un riesgo grave para el trabajo de la prensa nacional. Los magistrados utilizan medidas cautelares pensadas para proteger a víctimas de violencia doméstica para silenciar voces críticas del periodismo. Esta práctica desvirtúa el propósito original de la legislación y vulnera derechos fundamentales.

TEDIC propone al Estado paraguayo la implementación de una reglamentación más clara y precisa de la Ley 5777. Esta medida evitaría posibles abusos por parte de los tribunales y garantizaría la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia. La falta de especificidad en la normativa actual facilita interpretaciones erróneas que perjudican tanto a víctimas como a periodistas.

La investigación incluye recomendaciones específicas para capacitar a profesionales del sistema judicial. Jueces, fiscales, abogados y personal policial requieren formación especializada en violencia de género, derechos humanos y libertad de expresión. Esta preparación técnica resulta fundamental para comprender los alcances y limitaciones de la ley.

El informe sugiere establecer mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión para garantizar la correcta aplicación de la normativa. Estos sistemas de control permitirían prevenir abusos en las medidas cautelares y asegurar que cumplan su función protectora. La supervisión constante contribuiría a mantener el equilibrio entre la protección de víctimas y el respeto a la libertad de prensa.

La entrega de este documento al Poder Judicial marca un paso importante hacia la corrección de estas irregularidades. La iniciativa de TEDIC busca generar conciencia sobre la importancia de aplicar correctamente las leyes sin comprometer derechos fundamentales. El desafío ahora radica en implementar las recomendaciones para garantizar un sistema judicial más equilibrado y respetuoso de todos los derechos constitucionales.

Fuente: Judiciales.net