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2021-07-23
Polibandis procesados quedan en manos de cuestionada jueza
Los cuatro policías y el supuesto usurero, acusados de formar parte de un esquema de secuestro y extorsión, del que resultaron víctimas dos jóvenes, a quienes incluso le arrebataron y empeñaron su automóvil, fueron procesados por delitos menores por la fiscal Zunilda Ocampos. Para ellos, la “representante de la sociedad” solicitó arresto domiciliario, alegando que tenían arraigo y no representaban un peligro de obstrucción a la investigación y tampoco de fuga. La causa fue elevada al juzgado y, por fortuna de los procesados, les tocó la jueza Cinthia Garcete, una de las magistradas más cuestionadas, y que sería responsable de blanquear a varios políticos y policías corruptos.

Los procesados son el suboficial principal Pedro Javier López Deleón, suboficial inspector Antonio Ávalos Pereira, suboficial 1º Francisco Prieto Montiel y al suboficial 2º Alcides Villalba González, todos por los hechos punibles contra la libertad de las personas (privación de libertad – Art. 124), Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), Contra el abuso en ejercicio de las funciones públicas – Cohecho pasivo agravado (Art. 301), calificados en el Código Procesal Penal como delitos. En tanto, el presunto usurero, Fernando Daniel Ortigoza Ortigoza, fue procesado en rebeldía por los hechos punibles contra la libertad de las personas (Privación de libertad – Art. 124) y Contra el patrimonio – Extorsión (Art. 185), en carácter de cómplice.

RUMBO AL OPAREI

Si algunos pensaban que los policías implicados en la grave denuncia iban a pagar por sus hechos, se equivocaron. La fiscal Zunilda Ocampos se encargó de alivianar sus crímenes, convirtiéndolos en simples delitos. Ahora, los procesados tuvieron la dicha que la causa cayera en manos una cuestionada magistrada, que probablemente, también les dará la mano y en cuestión de días, tal vez, los uniformados ya estarán de nuevo por las calles, haciendo de las suyas, como si nada hubiese pasado.

AMENAZA DE MUERTE

Lo más grave es que ahora los denunciantes, Gabriel Ramón Prieto Medina y Víctor David Meza, quedan totalmente desprotegidos y a merced de estos uniformados corruptos que manchan el uniforme policial y que según fuentes ya empezaron a amenazar de muerte a las víctimas.




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