Cada fin de semana se viralizan fotos de fiestas clandestinas en las que se aglomeran numerosas personas, muchas sin tapabocas y, desde luego, sin distanciamiento social. En algunos casos, como en Luque, los violadores de las restricciones desafiaron incluso a los agentes policiales que intentaron dispersarlos, asegurándoles que no les importaban las normas que estaban siendo incumplidas.

Por su parte, los ministros de Justicia, Cecilia Pérez, y del Interior, Arnaldo Giuzzio, aseguraron esta semana que el gobierno trabaja en un proyecto de ley que aumente las atribuciones de la Policía y la Fiscalía, a fin de que tengan atribuciones para imponer la fuerza a los irresponsables. Sin embargo, hasta ahora eso no ocurre y, tal como explicó Andrada, el trabajo de los policías se limita a hacer advertencias sobre los riesgos que corren ante el aumento sostenido de casos positivos de Covid-19.

Solamente en el caso de que una persona tenga una actitud hostil los agentes pueden detenerla ya que así configuraría el delito de resistencia. Pero con la promulgación de mayores facultades para la Policía no se solucionaría el problema ya que las comisarías están hacinadas de detenidos por la superpoblación que existe en los penales, por lo tanto, explicó la comisaria, se tendrían que establecer lugares en donde trasladar a quienes resulten detenidos por violar las restricciones sanitarias.