Gremios de policías y militares retirados ya mostraron rechazo a las recientes declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien afirmó que ambos sectores son los que “desangran el Presupuesto General de Gastos de la Nación”, y adelantó que la reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público (Caja Fiscal) partiría con la modificación del régimen de jubilaciones para las fuerzas públicas.
En un comunicado, la Agremiación Frente de Unidad de Policías Retirados del Paraguay calificó las afirmaciones de Fernández como una falta de respeto y desconocimiento de la realidad jurídica y social de quienes sirvieron al país.
Los ex uniformados señalaron en su texto que los beneficios que reciben están respaldados por la Ley 4670/12, que establece los montos de la escala de remuneraciones de integrantes de las fuerzas públicas, así como la Ley 7280/24, de reforma y modernización de la Policía Nacional.
Para ellos, ambas normativas también amparan su condición de retirados con derechos adquiridos por años de servicio. Recordaron que tanto policías como militares han dedicado su vida al país con “sacrificio, honor y compromiso”.
“El presupuesto destinado a su seguridad social y pensiones es un derecho legítimo”, apuntó el gremio y añadió que “la afirmación del ministro no solo desconoce esta realidad, sino que también menoscaba la dignidad de quienes hemos servido en la fuerza de seguridad”.
“Rechazamos cualquier intento de estigmatización que busque responsabilizar a los policías y militares retirados por problemas presupuestarios y exigimos respeto y reconocimiento por la trayectoria y aporte a la sociedad paraguaya”, concluye el comunicado del gremio.
Manifestación. Por su parte, desde sectores de militares retirados anunciaron la preparación de una manifestación para el próximo 3 de junio como muestra de repudio y para exigir garantías sobre el mantenimiento de sus derechos adquiridos.
Afirmaron que la movilización, por el momento, está apoyada por cuatro asociaciones, incluyendo a dos gremios de policías y a una asociación de familiares del servicio activo.
Según la convocatoria dada a conocer a ÚH, los ex uniformados exigirán el cumplimiento de la ley con los militares activos sobre beneficios caídos; el cobro del aumento del sueldo de entre junio y diciembre de 2024 para todos los retirados, y salud integral gratis.
Los datos del MEF indican que en marzo pasado, la Caja Fiscal presentó una pérdida de G. 201.799 millones, equivalentes al 43%.
Entre los sectores deficitarios lideran los militares, con una pérdida del 73% (G. 164.674 millones), seguidos de los policías con 60% de déficit, lo que representó pérdidas por G. 160.013 millones.
Critica esquema de retiro especial
En entrevista con Monumental 1080 AM, Carlos Fernández ratificó ayer que se apunta a iniciar la reforma estructural de la Caja Fiscal, enfocándose en el régimen de jubilación anticipada de militares y policías. Explicó que este esquema especial genera una importante “hemorragia” financiera que podría comenzar a corregirse sin necesidad de modificar parámetros sensibles, como la edad legal de retiro o los años de aporte. “Ellos tienen un esquema de retiro muy especial (…) y se tienen que retirar porque subió uno más joven. Entonces, se retira toda una camada que está en la plenitud de su capacidad profesional. Ahí hay algo que no tiene sentido porque estamos desperdiciando mucho capital humano en un área o en dos que son fundamentales para el país”, señaló. Según Fernández, este sistema genera un desequilibrio que explica más de USD 120 millones del déficit anual de la Caja Fiscal, estimado en unos USD 300 millones. Al ser consultado sobre el ajuste automático de jubilaciones de policías y militares, que se realiza en función del salario de los activos, consideró que actualmente esto no representa un problema relevante. Otro sector con privilegios de retiro antes de los 65 años es el de los docentes, sobre lo que Fernández mencionó que este grupo también representa un costo significativo, estimado en USD 60 millones anuales.
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