Por un supuesto perjuicio de casi G. 7.200 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través del robo de cables, el fiscal de Delitos Económicos Silvio Corbeta acusó por estafa a cuatro funcionarios de la entidad estatal.

Se trata de Ronie Pastor Rodríguez Aquino (jefe de la Sección de Distribución de Limpio), Gerardo Javier Samudio Benítez, Édgar Ismael Báez González, Fernando César Giménez Morel y Julio Javier Lovera Caballero, ex empleado de la firma tercerizada (CIME SRL), quienes habrían autorizado y retirado de forma indebida casi 350.000 metros.

Esto supuestamente ocurrió entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022.

Fue Ronie Rodríguez, como jefe de Distribución, “aprovechándose de sus facultades como superior jerárquico”, el que habría llenado los formularios de solicitud para el retiro de 334.213 metros lineales de cables.

Él retiraba por cuenta propia o a través de autorización a los funcionarios a su cargo, sin que estos tengan siquiera relación con el tipo de labor desempeñada por la Unidad a su cargo.

Según el Ministerio Público, incluso, se habrían falseado los documentos, consignando una supuesta necesidad no existente, que era sabido por los demás imputados.

“Presentaron 300 formularios de salida de materiales (SMA) a la Sección de Despacho ubicada en la sede de Boggiani de la ANDE, el cual constituye un requisito documental necesario para la contraentrega de estos cables”, mencionó el fiscal en su acusación.

“Bajo engaño”, finalmente se retiraron del depósito de materiales ubicado en la sede Boggiani.

Se presume que estos materiales “que representaban un alto valor económico para la institución”, fueron destinados “para otros fines no institucionales”.

Millonaria pérdida

Los materiales retirados fueron cable cobre desnudo 25 mm, utilizados específicamente para puesta a tierra; cable cu aislado de 95 mm p/BT; cable cu aislado multifilar de 4 mm p/BT, 6 mm p/BT, 10 mm p/BT, 50 mm p/BT y 70 mm p/BT; cable cu desnudo de 35 mm p/BT y de 50 mm P/BT; cable cu aislado flexible de 35 mm p/BT, y cable cu desnudo de 25 mm.

El esquema se formó por “funcionarios desleales”, “en perjuicio de su propia institución, en coordinación y planificadas para lograr la extracción indebida de estos cables de la ANDE, mediante el engaño con la intención de obtener beneficios económicos indebidos”.

El perjuicio patrimonial ascendería a los G. 7.199.832.507.