"El presidente de la República no solo viene infringiendo nuestra Constitución de manera recurrente, sino que también muestra un manejo deplorable de la crisis y la consecuente convulsión social, hecho que se refleja en sus medidas irracionales, innecesarias y desproporcionadas", cita el escrito.

De esta forma, Chirinos sostuvo que la declaración del pasado 5 de abril "es una flagrante transgresión al orden constitucional" por la que "el presidente deberá rendir cuentas ante el Congreso", señaló en su red social.

La parlamentaria peruana de Avanza País solicitó, debido a la infracción a su prerrogativa como presidente de la República, su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años, cita el texto.

El pasado 5 de abril, el presidente peruano declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Lima y Callao. Un día después, procedió a su derogación después de varias críticas por esta decisión, rechazada por el alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz.

Pese a ello, el Ejecutivo peruano declaró el pasado jueves el estado de emergencia en la red de carreteras durante 30 días y aprobó la limitación del libre tránsito por las calles del país, así como la prohibición de reunión.

En este sentido, quedaron "suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales" en la red de carreteras.

HRW pide revocar los decretos de emergencia

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció en un comunicado que los decretos emitidos por el presidente peruano suspenden derechos básicos y son "medidas desproporcionadas que abren la puerta a abusos".

"Suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación", ha dicho la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.

La organización sentenció que estos decretos "no explican los problemas a abordar y por qué se necesitan medidas "tan extremas" para combatir el crimen o responder a las protestas. HRW señaló que las autoridades peruanas "proporcionan una justificación limitada, si la hay, para las medidas de emergencia".

"Sin una justificación clara, las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en que el Gobierno enfrenta enormes dificultades políticas", expresó Taraciuk, agregando que "Castillo debe priorizar el fortalecimiento, no el socavamiento del estado de derecho".