La denuncia ya tiene nº de causa 5.239/2024 y será investigada por la agente fiscal Cinthia Leiva Cardozo, titular de la unidad penal nº 2. Esta representante de la sociedad tendrá bastante trabajo para llegar al fondo de esta grave denuncia. Por un lado, debe investigar a su propio colega, y por otro a los policías que supuestamente extorsionaron a su propio camarada. Además debe recabar datos de la participación del suboficial Fernando Llamas Ríos, en el mega robo.

Los denunciados por Brandell son los agentes policiales del Departamento de Investigación de Delitos, subcomisario Juan Ángel Espínola, suboficial mayor Carlos Alfonzo Fernández, suboficial inspector Joel Chávez, suboficial primero Marcos Irala, suboficial ayudante Walter Bogado, y el jefe de Investigaciones, Wilfrido Javier Maldonado, por la violación de los derechos humanos del denunciante y sus garantías constitucionales.

La acción también afecta al agente fiscal Luis Trinidad Colmán, titular de la unidad nº 4 de la Fiscalía de Ciudad del Este, encargado de la investigación del mega robo a los cambistas, ocurrido el 5 de febrero pasado.  El denunciante asegura que en en dicha unidad fiscal falsearon datos y falsificaron su firma. Igualmente la denuncia implica directamente al agente policial Fernando Llamas Ríos, por coaccionar a la víctima para declarar a su favor ante el Ministerio Público.

De acuerdo con los datos, el pasado 20 de febrero, agentes de Investigación de Delitos de Ciudad del Este habrían procedido a la demora de Gustavo Ariel Brendell. En sede policial, bajo amenazas, incluso de muerte, el mismo había declarado, que el suboficial Fernando Llamas, cuando prestaba servicios en la División Búsqueda y Localización de Personas, dependiente de la Dirección de Policía del Alto Paraná, se había comunicado con él para que proceda al desarme de una furgoneta de la marca Citroën, usado en el mega robo.

Según se desprende de su testimonial, no accedió a dicho planteamiento, pero posteriormente pudo observar a través de las redes sociales que dicho rodado había sido incinerado en la zona de Minga Guazú, confirmándose que el vehículo había sido utilizado por autores del mega robo a los trabajadores cambistas.

Tras su comparecencia ante la Policía, donde aportó datos importantes, llamativamente no hubo ninguna disposición de parte de los altos jefes policiales para proceder a la demora del suboficial Fernando Llamas.  Luego, la Policía envió un informe sobre las expresiones de Brendell a la Fiscalía, pero llamativamente tampoco el agente policial fue demorado.

Posteriormente, se supo que el suboficial Llamas tuvo que pagar una fuerte suma de dinero a sus propios camaradas para ser desafectado del caso, incluso se montó una declaración fiscal falsa para sostener cualquier hecho posterior. En su denuncia, el mecánico señala que Llamas le dijo que tuvo que pagar 50 mil dólares a los agentes de investigaciones, otros 50 mil dólares para el agente fiscal Trinidad y otros 50 mil para efectivos del departamento especializado Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

“He visto mi supuesta declaración ante el fiscal Luis Trinidad en la causa nº 1997/24 “Investigación sobre SHP de hurto agravado y otro” en el diario La Jornada. Declaración falsa y firma también falsa, pues nunca fui a la Fiscalía a firmar nada ni a declarar nada en dicha causa. A través de la presente denuncia hago saber que nunca declaré ante la Fiscalía”, refiere el escrito presentado por Gustavo Brandell, bajo patrocinio del abogado Fernández.

Con esto, queda claro que se montó alevosamente una declaración falsa del testigo clave en la causa, al solo efecto de blanquear al sospechado agente policial Llamas Ríos, acusado de tener activa participación en el mega robo, con lo que se concretaba así la impunidad para el uniformado, en el presente caso.

Además de su declaración, el denunciante presenta como pruebas, capturas de pantalla de la conversación vía WhatsApp con el suboficial Fernando Llamas, un video en el que consta cuando los agentes de Investigación lo abordaron y llevaron en contra de su voluntad a la dependencia policial del Área 1, audios del suboficial policial Fernando Llamas de la conversación mantenida con el mismo y audio de conversación mantenida con la madre de Fernando Llamas, María Ester Ríos.