Videos publicados en redes sociales revelan el amigable vínculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, dueño del diario Abc, con el líder del clan Insfrán, manejado por Miguel “Tío Rico” Insfrán, conside­rado principal articulador del negocio del narcotráfico en nuestro país.

De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio Público, el negocio de Miguel Insfrán radica por un lado en el envío de droga a puertos de Europa y África, y por otro, en el lavado de activos.

Miguel Ángel “Miky” Zaldí­var, presidente de la banca, al igual que su hijo Fabrizio Zaldívar asistían a prácticas que se hacían en la estancia de Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Este inmueble de 1.600 metros cuadrados, en el que había una casa principal, una peatonal, un depósito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilístico y, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.

Ex diputado Juan Carlos Ozorio, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, con vínculos en lo comercial y en lo deportivo.

“Miky” realizaba prácticas privadas de rally en la estan­cia ubicada en 25 de Diciem­bre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la fami­lia Zuccolillo se compartie­ron videos de las pruebas realizadas en el inmueble del prófugo Miguel Insfrán, considerado como cabecilla del esquema de tráfico inter­nacional de drogas y lavado de dinero.

Conrado Insfrán, hermano de “Tío Rico”, fue detenido como producto del allanamiento a la estancia de San Pedro, así tam­bién Miguel Insfrán cuenta con orden de captura y fue impu­tado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. En la misma condición se encuentra su hermano, el pastor José Ins­frán, quien también se encuen­tra prófugo, y al igual que “Tío Rico” está ligado al tráfico de drogas y al lavado de dinero.

De acuerdo a los datos de la Fis­calía, la iglesia del pastor narco era usada para el lavado y obte­nía los recursos desde Colom­bia, de dónde iba periódica­mente a traer dinero en bolsos.

La familia Zuccolillo no solo tiene este vínculo deportivo con el sindicado narco Ins­frán, también apareció ligada comercialmente con otros señalados como parte del esquema de tráfico de droga de su grupo.

FIDEICOMISO

Documentos filtrados tam­bién revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a través de Atlas.

El banco Atlas administra fideicomiso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Documentos filtrados reve­laron que entre la banca y el ex legislador existe un con­trato de prestación de servi­cios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 años.

El acuerdo consiste en un fidei­comiso de garantías consti­tuido con un inmueble de Ozo­rio valuado en G. 933 millones.

Así también,el considerado brazo logístico del esquema internacional de droga Alberto “Beto” Koube, ade­más de contar con Certifi­cado de Depósito de Ahorro (CDA) en la Cooperativa 8 de Marzo, el banco GNB, Conti­nental y también es cliente del banco Atlas.

Cheques filtrados revelaron que “Beto” emitió en más de una ocasión pagos para empresas subcontratadas. La empresa de Koube, Grupo Tapyracuai, se alzó con con­tratos con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestación de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volvía a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corrían a través del banco de los Zuccolillo.

Estos no son los primeros trascendidos de vinculacio­nes de la banca con empresa­rios acusados de ilícitos. Atlas está implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol.

En el marco de esta investiga­ción, el banco Atlas es seña­lado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas auto­rizó fideicomisos por más de G. 40.000 millones y no alertó sobre una posible operación sospechosa.