Las tierras en cuestión no forman parte del patrimonio del INDI, y sí bien pudieron ser tierras ancestrales, no se tuvo la visión de establecer reservas indígenas como ocurre en otros países, y por tanto pasaron a ser de dominio fiscal y otorgadas a beneficiarios de la reforma agraria.

Ante esta situación, solo hay dos alternativas, la compra por parte del estado o llevar adelante una ley de expropiación, según dijo.