Robles llegó a la Gobernación en el 2019 para ser la mano derecha de Hugo Javier.

De extracción colorada, Robles fue funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). En el 2008 fue imputado por soborno agravado, ya que supuestamente fue uno de los 13 jefes portuarios que entregaban dinero a una caja paralela.

Se le considera como alguien “que opera bajo la sombra dirigiendo el rumbo de la administración actual” e incluso sería el responsable de definir el destino de las transferencias a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y a la organización Plantemos Conciencia entre los años 2019 y 2020. Asimismo, de la última transferencia a la fundación CIAP de G. 5.105.600.000 de los fondos Covid.

Al consultar al abogado Fausto Portillo, sobre la responsabilidad de Robles en la última rendición de cuentas irregular presentada por la Gobernación, este dijo que prefiere no hablar del asesor y ceñirse en la cuestión jurídica.

También, tanto la Contraloría como la Fiscalía, hasta el momento, no hablan de Robles en el esquema de las facturas falsas.

Cabe destacar que el asesor no firma ninguno de los documentos que son presentados ante los organismos de control, solamente lo hacen Hugo Javier González y los funcionarios administrativos encargados de elaborar las planillas y enviar las rendiciones.

Robles es funcionario de la Cámara Baja con un salario de G. 11 millones, comisionado a la Gobernación, con bonificación de G.3.300.000.

INVESTIGACIÓN. La Fiscalía está indagando el esquema de facturaciones falsas y de empresas fantasmas, descubierto en la rendición de cuentas de los USD 1 millón, que recibió la Gobernación de Central para reactivar la economía.

Estas facturas han podido ser cotejadas mediante las documentaciones que fueron publicadas en la página web de la Contraloría General, ya que hasta el momento se desconocen las facturas de las obras realizadas en los años anteriores por las organizaciones a las que fueron transferidos G. 21.000 millones en dos años. La Contraloría, la SET y Anticorrupción también indagan las obras in situ.