El 9 de junio, un tribunal federal de Río de Janeiro negó la apelación de Messer contra una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero. Esa condena se había dictado en agosto de 2020. Y aunque se suspendió su sentencia de prisión, la corte impuso una multa de 4 millones de reales brasileños (cerca de US$780.000), al aceptar el recurso de Messer de que ya había reembolsado activos ilícitos cercanos a los mil millones de reales (US$195 millones).

Sin embargo, el acuerdo previo de negociación de penas al que llegó Messer con las autoridades implica que es poco probable que pase tiempo en prisión. Según una nota de Globo, a cambio de declararse culpable, se le permitiría a Messer pagar solo tres años de su sentencia bajo arresto domiciliario con un monitor en el tobillo. Si se cuenta retroactivamente, su pena inició en julio de 2019, por lo que podría quedar en libertad en agosto de 2022, como lo señaló el medio brasilero.

Pero los problemas legales de Messer podrían no terminar ahí. Esta sentencia tiene que ver con los cargos que se le formularon como parte de la Operación Marakata, que develó cómo se usaron transacciones en dólares estadounidenses para blanquear dinero mediante la compra y venta de esmeraldas. Según los fiscales, una firma de piedras preciosas de Brasil contrató a Messer para blanquear hasta US$44 millones mediante los sistemas financieros de Uruguay y Panamá.

Messer enfrenta al menos otros cinco casos judiciales por otras actividades de lavado de dinero.

Es difícil sondear la escala de la red de lavado de dinero que manejaba Messer. Fue un actor clave en los entramados que se conocieron durante la Operación Lava Jato (Autolavado exprés), una investigación sobre cómo la megaconstructora brasileña Odebrecht pagó millones en sobornos a dirigentes políticos en toda Latinoamérica.

En total, se cree que la red de Messer movió US$1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017.

Y sus actividades ilícitas pueden remontarse a mucho antes. A Messer se le ha vinculado con el caso Banestado, en el que políticos y empresarios brasileños transfirieron cientos de millones de dólares al exterior a finales de los años noventa.

Pero sus conexiones con las élites en Paraguay han dejado a las autoridades de ese país con las ganas de verlo comparecer ante un juez.

Análisis de InSight Crime

Aunque Messer espera largos procesos judiciales en Brasil, la verdad sobre sus actividades en el vecino país Paraguay puede no llegar a ver la luz sin un proceso judicial como el surtido en Brasil.

En 2018, Paraguay abrió la primera investigación sobre Messer, alegando que tenía una red de lavado de dinero aparte pero a gran escala, en la cual estaban implicados el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y otros personajes de la élite.

En esa época, los fiscales alegaron que Messer había blanqueado al menos US$40 millones, obtenidos de manera ilegal en Brasil, por medio de empresas paraguayas.

Como parte de su confesión en 2020, Messer confirmó sus nexos con Cartes. Declaró que Cartes le envió un pago por US$600.000 con su novia en enero de 2019. El dinero se usaría para sobornar a varios jueces y facilitar la fuga de Messer hacia Paraguay, según informó CNN. En febrero de 2022, Cartes era objeto de varias investigaciones por lavado de dinero y otras transacciones financieras sospechosas, según el diario paraguayo Última Hora.

Pero ahora existe el riesgo real de que Messer nunca responda por las acusaciones criminales en Paraguay. José Casañas Levi, abogado penalista que ha seguido el caso, declaró al diario El Independiente que Paraguay tiene estatutos de limitaciones estrictos para casos de corrupción.

“Los procesos que él tenga acá [en Paraguay] van a interrumpirse [...] Su causa se pausa mientras él cumple con su condena en Brasil, pero se tratará su causa aquí solo si no se pasa el plazo fijado para la espera”, explicó el abogado.

Casañas Levi indicó que Paraguay aún puede determinar qué hacer con los bienes de Messer mediante un “proceso autónomo de comiso”, en el que se puede ordenar la expropiación de las propiedades de un sospechoso independientemente de cualquier proceso penal.

Paraguay actualmente vigila 81 de esos activos y teme que Messer solicite su devolución si no enfrenta un proceso penal en el país.