“Es necesario introducir cambios en la legislación que prohíban cualquier actividad del CPI en territorio de nuestro país y también estudiar la responsabilidad por cooperar y apoyar al CPI”, escribió en su cuenta de Telegram.

Volodin, quien nada más dictarse la orden de arresto la calificó de “agresión” contra Rusia, también abogó por suscribir acuerdos bilaterales con países amigos que contemplen “la renuncia mutua a cooperar con el tribunal de La Haya”.

Además, propuso que “el comandante supremo”, es decir, Putin, “tenga el derecho de adoptar cualquier acción para la defensa de los ciudadanos rusos en caso de que las estructuras internacionales tomen decisiones que se contradigan con las normas de la Constitución de Rusia”.

Volodin abordó los planes en materia de legislación de la cámara baja del Parlamento el viernes durante una reunión con Putin en el Kremlin.

A su vez, recordó hoy que desde el controvertido referéndum de 2020 la Constitución rusa incluye un punto que concede “prioridad” a la legislación nacional sobre la internacional.

“En territorio ruso no se cumplen las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos y otros institutos marionetas que Washington utiliza para sus propios intereses”, explicó.

Recordó que EE. UU. adoptó en su momento una ley que protege a sus militares, de forma que ninguno de ellos puede ser objeto de una orden de arresto del CPI, y que incluso puede iniciar una intervención militar en caso de que un ciudadano estadounidense se sienta ante ese tribunal.

Este jueves el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, advirtió que la eventual detención de Putin equivaldría a la declaración de guerra a Rusia.

Ucrania firmó esta semana un acuerdo para la apertura de una oficina de representación del CPI, lo que, según el presidente, Volodímir Zelenski, “permitirá que la justicia internacional sea aún más activa en la investigación de los crímenes del ejército ruso”.

El tribunal considera a Putin “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos -un crimen de guerra para el CPI-, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afronta un serio dilema tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que le impide viajar, teóricamente, a más de la mitad de los países del mundo.

“Incluso el espacio postsoviético ha dejado de ser un lugar seguro” para Putin, comentó una fuente del Kremlin al diario digital Meduza.

Putin tendrá que hilar muy fino a partir de ahora, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI, y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.

Desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, el líder ruso ha sido muy cuidadoso con sus viajes al exterior. De hecho, Irán es el único país al que ha viajado fuera de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Fuente: EFE