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2022-12-05 09:51:19 AM
RGD busca no pagar a víctimas apoyando campaña oficialista
El prestamista Ramón González Daher tendría un acercamiento al movimiento colorado Fuerza Republicana, liderado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, como una estrategia para no perder fuerza en la política. Esta maniobra del otrora poderoso luqueño se da tras su expulsión de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado). Con esta movida de apoyo en pleno año electoral, el usurero busca no perder la fuerza que le siguen restando entre sus aliados en la justicia paraguaya.

Su acercamiento al movimiento colorado oficialista se da por medio de una de las entidades estatales que el clan González Daher mantuvo siempre controlada.

Se trata de la Dirección Nacional Aeronáutica (Dinac) y su ex titular, Édgar Beto Melgarejo, allegado al clan y quien es visto en los reiterados actos políticos del oficialismo, acompañando las candidaturas del presidente y vicepresidente, Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti, respectivamente.

Estas maniobras de Ramón iniciaron luego de que Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, le soltara la mano al clan. Con este panorama, el prestamista luqueño, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa y que guarda reclusión en el penal de Tacumbú, busca resistir en lo político y, por ende, en el ámbito judicial para poder seguir articulando desde el sistema y evitar pagar las indemnizaciones a todas sus víctimas.

RESARCIMIENTO. Las víctimas de Ramón, que son 155 personas que fueron presentadas por la Fiscalía durante el juicio, pueden exigir el comiso de sus bienes en efectivo de USD 47 millones para el resarcimiento por el daño ocasionado. Los mismos deben recurrir a un juez civil o penal para la solicitud correspondiente.

La abogada querellante Patricia Doria, representante del empresario Julio Mendoza Yampey, una de las víctimas del esquema de usura y aprietes judiciales del clan González Daher, se había manifestado sobre los resarcimientos a los que podrán recurrir las personas afectadas. “Con la sentencia se comprobaron 155 casos de usura en el juicio y denuncias falsas. Entonces, esa cantidad de víctimas se encuentra habilitada a reclamar”, explicó Doria.

Indicó que se podrá presentar una demanda ante el fuero civil o el fuero penal para iniciar la diligencia pertinente y acotó que los plazos dependen de la actitud de la contraparte, ya que puede presentar acciones para dilatar el proceso. El resarcimiento debe incluir un monto concreto en forma particular sobre el valor del perjuicio económico. “El daño es particular y eso se tiene que medir en cada caso, no es algo global”, afirmó.




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