El 23 de febrero, la Corte Suprema ordenó auditar los juzgados de primera instancia del Alto Paraná, ante las sospechas de la concesión arbitraria y antojadiza de habeas corpus preventivos, habeas data y amparos, en beneficio de personas vinculadas al narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, etc. Esto luego del escándalo que involucra al capo narco Lindomar Reges Furtado y su pareja Gladys Duarte, quienes se fugaron de manera espectacular del Paraná Country Club durante un allanamiento fiscal-Senad, descubriéndose posteriormente que ambos tenían habeas corpus preventivos, para no ser “molestados” por entidades de control.

El habeas corpus es uno de los institutos más importantes y preciados de una sociedad libre, creado para proteger al ciudadano de los abusos del poder público. Sin embargo, aquí en el Paraguay, frecuentemente, es utilizado para proteger a delincuentes. El artículo 133 de la Constitución Nacional dispone que esta garantía podrá ser interpuesta por “toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física”, por la que se “podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones”.

El habeas corpus es un remedio indudable para acosos policiales y otras formas de abuso del poder público, pero para serlo debe producir una orden de cesación de actividades remitida a la Comandancia de la Policía, cosa que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni en el caso de Lindomar ni en el de su pareja.

Ante las presiones de la opinión pública, la Corte Suprema, a través del Consejo de Superintendencia, emitió una resolución exigiendo todas las documentaciones mencionadas, que efectivamente ya fueron enviadas a la máxima instancia judicial, según indicaron fuentes cercanas a la Corte. Sin embargo, no se conoció de una sanción o amonestación a los magistrados involucrados en el escándalo, por el contrario, todo indica que el caso terminará en el famoso “oparei”, señalaron las fuentes.

Principalmente, en lo que respecta a la jueza Cinthia Garcete, el propio titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador Fernando Silva Facetti, así como Jorge Bogarín (representante de los gremios de abogados ante el Consejo de la Magistratura) se habrían encargado de garantizar impunidad para la magistrada, hartamente conocida por blanquear a políticos corruptos, polibandis y otros delincuentes.

CINTHIA GARCETE

Cabe recordar que Cinthia Garcete tiene un largo historial de resoluciones favorables a políticos procesados desde casos de corrupción hasta por abuso infantil. La jueza había concedido la libertad ambulatoria al senador Javier Zacarías (ANR) en un proceso por supuesta lesión de confianza en la Municipalidad esteña, pese a que la Fiscalía requería la prisión preventiva.

En el mismo caso Garcete posteriormente sobreseyó a Zacarías y a su esposa Sandra McLeod, exintendente de Ciudad del Este, y el desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales quedó impune.

Asimismo, la magistrada se había opuesto a la realización de una prueba de ADN en un caso de abuso infantil y en que aparecía como sospechoso el seccionalero Elías Bernal. La jueza de igual forma benefició al exdiputado Carlos Portillo (PLRA) en un proceso por supuesto tráfico de influencias. Actualmente, la misma está con el mandato fenecido y aspira a un lugar en la Cámara de Apelaciones, de la mano de sus “amigos” Facetti y Bogarín, indicaron nuestras fuentes, que merecen credibilidad.