La empresa Vox, de Copaco, pretendió otorgar en “arrendamiento” las operaciones de sus negocios de banda ancha inalámbrica a una empresa norteamericana que se dedica a la infraestructura de red de acceso abierto al por mayor.

Se trata de Rivada Networks Inc., la cual manifestó su interés en hacer un acuerdo para la transferencia de espectro y colaboración comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local.

Para hacerse de este espectro, la firma interesada propuso buscar el financiamiento para invertir US$ 300.000.000 para actualizar, ampliar y encargarse de la red inalámbrica de Vox, introduciendo la tecnología 5G y ampliando la cobertura y capacidad.

Buscando avanzar en esta concesión, en julio del 2021 Hola Paraguay SA (Vox) y Rivada Networks Inc. firmaron el primer memorándum de entendimiento sujeto a confidencialidad con el fin de elaborar una propuesta de negocios.

En noviembre de ese año, las partes elaboraron un esquema de acuerdo de arrendamiento de los activos de la red inalámbrica de Vox, el cual establecía que la empresa paraguaya recibiría US$ 10.000.000 de forma fraccionada en concepto de arrendamiento por 20 años con posibilidad de prórroga, una posible participación en los ingresos anuales cuando alcance ciertos umbrales de ingresos, además de precios preferenciales de capacidad para dar servicios y expandir su negocio inalámbrico.

A su vez, la firma norteamericana tendría la obligación de obtener el financiamiento para el proyecto y el derecho a vender capacidad al por mayor en la red, como así también un compromiso mínimo de compra de capacidad por parte de Vox, el arrendamiento y subarrendamiento de los activos de Vox, incluyendo la licencia de espectro y recursos humanos.

En su octava cláusula, se estableció que Vox no precisaba la aprobación o la autorización de alguna autoridad administrativa o judicial, evitando de esta manera un proceso y control más estricto.

Ni bien tomó estado público, el acuerdo impulsado por Sante Vallese fue objeto de varios cuestionamientos, siendo uno de ellos el modelo de negocio propuesto, que consiste en el de operador virtual, conocido como “ran sharing” (compartición de infraestructura), el cual no está legislado ni reglamentado en nuestro país.

Tampoco la frecuencia que da en concesión el Estado paraguayo puede ser arrendada porque la ley no lo permite. Por esta situación no existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco.

Además, el monto de US$ 10.000.000 que se propone resulta hasta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que Copaco posee solamente con sus proveedores y que ascienden a G. 108.590.592.808, que al cambio totalizaron US$ 15.082.027.

A todo esto se suma que las licencias de Copaco tienen costos muy elevados y que desde el 2019 viene fraccionando el pago a la Conatel.

Un dato no menor es que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada es Go Paraguay, presidido por Maximiliano Morel Gadea, quien es el hijo de Carlos Morel, miembro titular del Consejo de la Conatel, ente que debe prestar su autorización para la realización del negocio.

Este aparente negociado se suma a otros acuerdos sumamente cuestionados como el acta secreta de Itaipú, el caso de Petropar con la empresa argentina Texos Oil, la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una empresa brasileña y el acuerdo de Vox-Copaco con el músico Flavio “Kike” Santander, concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, para la prestación del servicio de contact center.