De acuerdo a la acusación Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fundaron la empresa denominada Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, dedicada al comercio al por menor de vehículos automotores nuevos y como actividades secundaria comercio al por menor de vehículos usados y piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

A través de su firma Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales varias, utilizando la sociedad conformada para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero.

 Para dicho fin el matrimonio contó con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, y era la oficial de cumplimiento de las normas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, designada ante la SEPRELAD como responsable. 

La modalidad utilizada era la intermediación como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras más, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales, y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirentes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional. 

Para la simulación de las operaciones, suscribieron contratos de compraventa entre Alfacom y los miembros de las organizaciones criminales, donde constaban que las compras se realizaban financiadas. Sin embargo, esto no condice con la serie de transacciones informales, que finalmente concluían con una escritura con prenda a favor de Alfacom SRL. 

Seguidamente, Alfacom SRL volvía a adquirir los vehículos vendidos por una suma muy inferior al de la venta, y así realizaba la estratificación y reintegro del capital. De ese modo, con las contrataciones de compra-venta de bienes Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis disimulaban los orígenes de los activos que provenían de grupos tales como: el Clan García Morinigo, a través de sus prestanombres y sus empresas de fachada; a Cornello Esquivel Maldonado Alias «Mitu», a miembros de la organización liderada por Sergio De Arruda Quintiliano Neto, Alias «Minotauro», a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias «Galan», a miembros de la organización liderada por Levi Adriani Felicio, a Antonio Joaquim Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización liderada por Luiz Carlos Da Rocha, y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos. 

Como antecedentes se tiene que vendió un vehículo de la marca BMW R1200 GS ADV SPE, año 2012, con chassis NWB1047008CZY30319, en fecha 28 de marzo de 2017, por la suma de 20.000 dólares a crédito y un vehículo de la marca Jeep, modelo Rangler Rubicon, con chassis N C4BJWCGXEL234542, año 2014, en fecha 4 de enero de 2016 por un monto de 45.000 dólares americanos a crédito, a Mauro Parra Espindola, piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, quien cumplió una condena por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado en fecha 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero.

 FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 

Alfredo Galvalisis en su carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad.

Graciela Esther Paniagua de Galvalisis, prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia de legalidad.

Priscila Ramona Zárate Velázquez, gerente general de la empresa, era la oficial de cumplimiento designada por Alfredo Galvalisis ante la SEPRELAD, para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quien en específico omitió las políticas de cumplimiento vigentes desde el año 2015 para las actividades que desempeñaba para así facilitar las transacciones ilícitas.