Fabio Luis Gavilán, de 47 años, deberá responder al juicio, según lo dispuso en tribunal de sentencia que presidirá la jueza Evangelina Villalba junto a sus pares Oscar Gabriel Genes y Lourdes Morínigo. La representación pública estará a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos, titular de la unidad especializada antisecuestro. El sujeto de juicio fue privado de libertad por personal de Interpol en territorio brasilero con la identidad de Pedro Cleber Gavilán, pero posteriormente pudo comprobarse que utilizaba documentos apócrifos a sabiendas que contaba con código rojo tras su orden de captura internacional.

Los antecedentes del caso se remontan al 30 de julio de 2007, cuando un grupo de marginales ingresó al establecimiento rural denominado JD, privaron de libertad a Edson Armoa Doldán, se apoderaron de 150.000.000 de guaraníes en efectivo. La gavilla delictiva utilizó chalecos antibala con insignia de la SENAD para cometer el secuestro. La víctima fue subida a una camioneta con los ojos vendados y trasladado hasta el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, desde donde se inició el pedido de rescate de manera directa con el padre del secuestrado a quien le exigieron 100.000 dólares para liberar al vástago.

Reunido el dinero requerido, por disposición de los secuestradores, Sandra Armoa de Doldán, madre del plagiado, abordó un automóvil desde el que siguió instrucciones y en cercanías de la Iglesia del Área 4, entregó la suma a los criminales. Alrededor de media hora después, Edson fue liberado por sus captores. Los criminales se tomaron su tiempo para contar los dólares recibidos como rescate y hasta hicieron la repartija del botín, para luego deshacerse de Edson Armoa Doldán, todavía dentro del área habitacional Itaipu.

En el marco de la misma causa, ya fueron condenados los miembros de la banda, identificados como Benicio Antonio González Portillo, Máximo Yamil Galeano, Jovino Vázquez González, Eugenio Rojas y Vicente Álvarez. Gavilán fue el cerebro de la banda, según las investigaciones acusadas por secuestro y asociación criminal con penas de hasta 25 años de prisión. En ese mismo lapso, la Policía y la Fiscalía se encontraban investigando el plagio de un diplomático japonés y su secretaria, que habían sido secuestrados por otra banda que incursionaba en el rubro dentro del país.