En su paso por la Cámara de Diputados, este artículo fue eliminado quedando el tope en salarios y remuneraciones para todo funcionario público y autoridades de rango superior dentro del Presupuesto General de la Nación.
El proyecto igualmente prohíbe para las autoridades públicas de rango superior (presidente, ministros y consejeros) la adquisición a través de los presupuestos de las entidades los servicios de seguro médico privado, telefonía celular, provisión de combustibles, entre otros.
El proyecto también limita a tres los números de asesores que cada autoridad de rango superior podrá incorporar a las instituciones a su cargo, quienes durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades.
También prohíbe a las autoridades de rango superior el nombramiento directo de parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad en cualquier institución pública o entidades binacionales, a no ser que cumpla el rol de asesor o ingrese por concurso público de oposición.
Finalmente, el proyecto con origen en la propia Cámara Alta fue ratificado por 38 senadores y es devuelto a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
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