La matanza y, en general, la delincuencia recrudecida en el departamento de Amambay –que por cierto, ya no es el único lugar donde los sicarios actúan a sus anchas con protección policial, cuyos efectivos son aparentemente asalariados de los grupos de narcotraficantes–,nos pone frente a la terrible realidad de una criminalidad y violencia en aumento.

Tan solo en los últimos días se han reproducido violentos hechos delictivos, como el asesinato en manos de sicarios de dos personas en plena fiesta de fin de año en Pedro Juan Caballero, en donde también resultaron heridas dos mujeres. Otro asesinato atribuido también al sicariato se registró en Capitán Bado, mientras un intento de secuestro express fue abortado por la policía, y otras dos personas fueron asesinadas en otro secuestro similar, ambos casos en Yby Yaú.

Como puede verse, la seguridad de las personas está seriamente dañada en el norte del país, que se ha convertido en poco menos que tierra de nadie. Es la única interpretación que puede tenerse, cuando se visibilizan también otros hechos, como asesinatos en la vía pública, o delincuentes perseguidos en el Brasil que utilizan como guarida nuestro territorio.

Y, para completar el panorama, el viceministro de Seguridad Interna, comisario general (R)Pablo Ríos, admitió no hace mucho en declaraciones formuladas a la prensa que “La Policía para cargar combustible tiene que pedirle a un narco”. ¡El narcotráfico financiando logísticamente a la Policía, admitido por una alta autoridad! La realidad supera a la ficción.

Precisamente, en un recordado homicidio múltiple ocurrido hace un par de meses en pleno centro de Pedro Juan Caballero, del que resultaran víctimas varios jóvenes, pudo verse eldescalabro en el que se mueven las autoridades, lo que explicaría que los crímenes continúen repitiéndose sin cesar. La Policía no confía en sus oficiales de la zona, por lo que a veces envía agentes desde la capital. El Ministerio Público hace lo mismo, por lo que agentes fiscales con sede en Asunción se constituyen en la ciudad fronteriza.

El mensaje es bastante claro. Policías, fiscales y jueces residentes en el lugar de los hechos no gozan de confianza, ya que sus antecedentes en el descubrimiento de las matanzas son oscuros. Casi nunca llegan a lograr identificar y menos condenar a los capo mafiosos que dominan la zona hace años.

Los distintos presidentes de la República incluyen entre sus discursos de campaña promesas de tolerancia cero con el contrabando, el narcotráfico y otros delitos, pero durante su mandato nada cambia.

Hay decomisos de drogas, pero al mismo tiempo una penetración agresiva en todo el país –no solo ya en las zonas tradicionales–, es decir, una expansión de territorio por parte de los traficantes, según se lee a diario. Son los jefes de Estado los que designan a comandantes y subcomandantes de la Policía; son los comandantes de las Fuerzas Armadas, por lo que son directamente responsables por la inoperancia y corrupción que embarran a sus subalternos.

El Ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, hace tiempo está desorientado y sin reacción ante la ola de secuestros, asaltos y asesinatos. No ha tomado una sola decisión que inspire confianza o lleve tranquilidad a la población. Recuérdese que a mediados de año pidió 130 millones de dólares más para combatir la criminalidad en el norte, sin visualizarse cambio alguno de la situación. Las excusas nunca faltan.

Por supuesto que esto no es casualidad: las instituciones de nuestro país están infectadas con el dinero del narcotráfico, según lo reconocen altas autoridades. Esto implica además que cuando salta algún caso como el asesinato de jóvenes, a lo sumo ocurren movidas superficiales, sin acciones serias. Lo máximo que puede pasar es que trasladen a oficiales y suboficiales de policía de Amambay para reemplazarlos por otros que pasarán a tomar la posta como empleados de los narcos.

Los ciudadanos paraguayos y, en particular los habitantes de Pedro Juan Caballero y otras zonas de citado departamento, no merecen vivir abandonados a su suerte, deseando cada día no morir en una balacera mientras caminan por la calle o comparten una cena en algún restaurante. Así, las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público son insensibles con los compatriotas a quienes deben garantizar la seguridad.

Es una vergüenza la ineptitud de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Sandra Quiñónez, César Diesel y cada uno de los responsables que ocupan mandos en el área de justicia y seguridad. Son políticamente cómplices por inacción y principales responsables del infortunio que injustamente sufren los habitantes del país, en especial los del Amambay. /editorial ABCCOLOR, 04 01 22/ foto de portada: vainilla de fusil percutida de fabricación militar (Doimabel) utilizada por los sicarios que acabaron con la vida de la hija del Gobernador de Amambay Ronald Acevedo y de otras tres personas en agosto del 2021)