Con cacerolas vacías y portando carteles, pobladores de los bañados y de otras zonas ribereñas expresaron su indignación por el recorte de fondos para las ollas populares, que alimentó a muchas familias durante la pandemia del Covid-19.

Los manifestantes se reunieron frente a Mburuvicha Róga, en la avenida Mariscal López, para exigir al presidente de la República, Mario Abdo Benítez el veto parcial de la Ley de Consolidación Económica y Contención Social.

"En nombre de toda la gente que está acá, pedimos disculpas a la ciudadanía por haber cortado está avenida principal, pero es una forma de manifestarnos y exigir nuestros derechos. Es una vergüenza, no se tuvo consideración", señaló uno de los voceros.

También repudian la actuación de los diputados que eliminaron el presupuesto para las ollas populares de la mencionada legislación, informó NPY.

"Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tengo hambre", “La alimentación debería ser un derecho” o “las ollas populares vacías”, son algunas de las frases que se leen en los carteles que portan los manifestantes y que desnuda la difícil situación que atraviesan.

"Es un inútil y piensa en su conveniencia nomás Marito y hace pasar hambre a los niños que deberían de estar estudiando, pero están acá luchando", expresó indignada Gilda Ocampos, una de las tantas que fueron a manifestarse.

Otra mujer comentó que cada día muchos niños van en busca de comida. "Los niños vienen día a día a pedir comida y cuando no tenemos ponemos de nuestro bolsillo, es muy difícil. No sabemos que decirles cuando preguntan por comida", lamentó.

Son más 100 ollas populares que alimentan a unas 20.000 personas de alrededor de 4.000 familias golpeadas por la pandemia del Covid-19 y la crisis que desató en las zonas más carenciadas del país.

Sanción del Congreso

Tras idas y vueltas, el Congreso sanción la semana pasada la Ley de Consolidación Económica y Contención Social. El documento ideado por el Ministerio de Hacienda pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Durante el tratamiento del documento, los parlamentarios, especialmente de la Cámara de Diputados, dejaron sin recursos al programa de ollas populares.

Asignaron esos USD 5 millones para apoyo al Indi, capitalización al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y construcción de viviendas sociales vía Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

La Ley de Consolidación, que apunta a seguir impulsando la reactivación de la economía, alcanza los USD 365 millones.

Ese dinero proviene de nueva deuda por USD 25 millones, reprogramaciones por USD 40 millones, saldos no comprometidos de Petropar por USD 50 millones y de los derechos especiales de giro (DEG) que otorgó el FMI a Paraguay por USD 250 millones. Según dijo ayer el viceministro de Economía, Iván Haas, el Tesoro Público ya recibió los DEG.

La normativa contempla medidas sociales, sanitarias y económicas. Estas medidas van desde compra de medicamentos, contratación de médicos y mantenimiento de los programas de adultos mayores y jubilaciones, hasta exoneración de servicios básicos, subsidio a independientes, recapitalización del Fogapy y creación de un fideicomiso para créditos blandos a mipymes y cuentapropistas, entre otros (ver infografía).

La legislación también incluye una serie de disposiciones de contención del gasto, como prohibición de aumentos salariales, retiros voluntarios o nuevas contrataciones. No obstante, se autorizó a proseguir con el reajuste a docentes y personal de blanco, lo que podría costar unos USD 30 millones adicionales.