Primero declararon la competencia del tribunal, admitieron la apelación de la Fiscalía y finalmente calificaron de improcedente el recurso planteado por los agentes fiscales Natalia Fuster, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, quienes pidieron anular el auto interlocutorio nº 553 del 22 de junio del año pasado.

La destituida intendente  de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías, junto a otras ocho personas, en su mayoría funcionarios municipales con cargos directivos, fueron acusados por los fiscales anticorrupción como responsables del desvío de G. 4.900 millones de las arcas municipales para utilizarlos en campañas políticas entre los años 2014 y 2018, según la presentación hecha ante el juzgado de la acomodada Cinthia Garcete, presumiblemente a cambio de respaldo político para no perder el cargo.

Los camaristas Perfecto Silvio Orrego, Miryam Meza de López y Juliana Giménez Portillo dejan impune, de esta manera, a la pareja acusada de saquear las arcas del municipio de Ciudad del Este por casi 20 años, en varios periodos de mandato, entre Javier Zacarías y Sandra McLeod. En su decisorio de impunidad, al concluir la audiencia preliminar, Garcete había señalado y cuestionado las pruebas presentadas por los fiscales anticorrupción para requerir el enjuiciamiento público de los procesados.

Se especuló en su momento por la Fiscalía que el documento principal ofrecido como prueba, un soporte magnético había sido violentado en la cadena de custodia y cambiado el pendrive que apareció en blanco para la audiencia preliminar. Al Ministerio Público le queda ahora un último recurso ante la máxima instancia judicial, buscando que la Corte Suprema de Justicia corrija las decisiones de los “a-quo” y, en consecuencia, dicte castigo penal contra la pareja conformada por el senador Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod.