Durante la protesta, los uniformados habían llegado a rodear, armados y con sus vehículos, a la residencia oficial de Olivos (al norte de Buenos Aires,) aunque en aquellos momentos no se encontraba en el lugar el presidente Alberto Fernández.

"No cumplieron con su misión de policías. No cumplieron con la ley", dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en declaraciones a radio Mitre.

A partir de la sanción, quedan desafectados del servicio y deben entregar su arma reglamentaria.

En total, la oficina de Asuntos Internos investiga a unos 1.800 efectivos policiales involucrados. Las autoridades no descartan ampliar la lista de sancionados.

Pese a que el gobierno declaró ilegal aquella medida de fuerza, se dispuso una mejora en los ingresos de los policías, activamente apoyados por exmiembros de la fuerza exonerados por delitos o faltas disciplinarias.

Al concentrarse frente a Olivos y en otros predios de seguridad, los policías violaron normas sanitarias en vigor contra el Covid-19, que registra casi dos millones de casos y más de 49.000 muertos en un país de 45 millones de habitantes.

Los sumarios internos fueron elaborados por "gravísimas faltas administrativas", tras cinco meses de investigación.

La fuerza policial bonaerense es la más grande de Argentina, con casi 90.000 efectivos y goza de mala fama por casos de 'gatillo fácil', entre otros delitos.

Mientras dure la suspensión cobrarán sólo el 50% de sus salarios e incluso podrían ser despedidos.