Por medio de los AI Nº 531, 534 y 535, el magistrado dispuso el levantamiento de las medidas sobre Melgarejo, Marcelo Ruben Ovelar y Juan Carlos Turitich Baez, quienes fueron sobreseídos definitivamente el pasado 14 de junio. 

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, por mayoría, ordenó el sobreseimiento definitivo de los acusados por esa causa, al encontrar diferencias entre la imputación y la acusación. 

La imputación señala a Melgarejo en calidad de garante del patrimonio de la DINAC, al ser su presidente, y que después de la adjudicación realizada el 27 de marzo de 2020 a la empresa PROYECTOS GLOBAL S.A., la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil como consecuencia de la adquisición realizada habría sufrido un detrimento negativo en su patrimonio por la suma de G 59.960.000, que representa el 99% sobre el valor real del producto adquirido (tapabocas). Respecto de Turitich Baez, como Gerente Financiero, posibilitó que se autorizara la adquisición cuestionada, confeccionando un informe que sirvió de base al Comité de Evaluación, para sostener la situación financiera de la empresa adjudicada.

Pero la acusación de la Fiscalía Adjunta expone lo siguiente: El 31 de marzo del 2020, en el Departamento de Almacenes de la DINAC se recibió las 4.000 mascarillas de protección entregadas por Proyectos Global S.A., sin embargo, las mascarillas entregadas por Katherine Pamela Toñanez Vera Y Carlos Alberto Franco Vargas eran del modelo CG 301 y no del modelo comprometido CG 421. Sin embargo, a pesar de haber recibido mascarillas vencidas y distintas a las comprometidas, el día 3 de abril de 2020, Melgarejo, presidente de la DINAC y Turitich, gerente Financiero, autorizaron a través de un comprobante de pago la emisión de un cheque la suma de G 119.960.000 a favor de la firma Proyectos Global. Más adelante en la acusación se señala que considerando que la DINAC recibió tapabocas distintos a los ofertados y además vencidos, se concluye que la suma de G 119.960.000 pagados a favor de citada firma se corresponde con un perjuicio patrimonial para la Dinac, atendiendo a que el dinero dispuesto no cumplió con los fines para los que se hizo el llamado a contratación por vía de la excepción.