La normativa que fue sancionada en el año 2017, recién fue reglamentada 6 años después, hace unas semanas por el presidente Santiago Peña, pero requiere de urgentes modificaciones para permitir su aplicabilidad.

El propio ejecutivo solicitó estas modificaciones a través de sus ministros de Justicia, Ángel Barchini y del Interior, Enrique Riera, durante una reunión mantenida esta semana con el presidente de Diputados, Raúl Latorre. Los ministros solicitaron el estudio urgente del documento, a fin de iniciar su aplicación.

El titular de la cámara baja, Raúl Latorre había explicado tras la reunión con los ministros que se trata de una situación de urgencia, ya que, al no existir una correcta y efectiva implementación de las tobilleras electrónicas, “la prisión domiciliaria termina no siendo una prisión, pues no existe control del cumplimiento”.

Debido al alto índice de inseguridad, Latorre dijo que se entiende la urgente necesidad que el Congreso sancione las modificaciones requeridas considerando que la intención es convertir la iniciativa en una herramienta efectiva para combatir el crimen.

El documento no cuenta con dictamen de comisiones, pero buscarán analizar en los órganos asesores antes del miércoles, fecha en que el pleno decidirá sobre los cambios a ser introducidos en la normativa.

Básicamente, las modificaciones impulsan la posibilidad de que las tobilleras electrónicas sean pagadas por los procesados.