Este aumento ha llevado a la policía nacional de Brasil a realizar dos operaciones para detener el tráfico ilegal de personas a través de la frontera entre Brasil y Perú. En la más reciente operación, que tuvo lugar a principios de julio, la policía ejecutó cinco órdenes de allanamiento e incautación en cuatro casas y un negocio en el estado fronterizo de Acre, al noroccidente de Brasil.

La operación se realizó varios meses después de que se produjera un amontonamiento de haitianos —muchos de los cuales habían permanecido por años en Brasil— en la frontera del país. Muchos estaban saliendo de allí debido a la desaceleración económica producida por la pandemia y al creciente sentimiento antimigratorio, según informó la BBC.

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La primera operación se llevó a cabo en febrero de este año, en medio de la creciente cobertura de los medios nacionales en torno a la crisis migratoria en la frontera de Acre. Ese mes, cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, intentaron cruzar el Puente de Integración de Acre (entre Brasil y Perú), pero fueron devueltos a la fuerza por soldados peruanos.

Las autoridades brasileñas culparon a los traficantes de “contribuir al empeoramiento” de la ocupación del puente, según un comunicado de prensa.

Los frecuentes cierres de fronteras para detener la propagación del COVID-19, que ha afectado fuertemente a América del Sur, también han llevado a los migrantes a acudir a traficantes, a quienes les pagan grandes sumas de dinero para que los transporten por barco a través del río Acre o para que los lleven a Perú a través de Bolivia.