El caso se remonta a noviembre del año 2021, cuando dos repartidores fueron asaltados por desconocidos armados en una zona rural de Itapúa. Aunque en un inicio uno de ellos afirmó haber reconocido a uno de los atacantes, durante el juicio declaró ante el tribunal: “No recuerdo quién fue, no les vimos la cara, tenían cascos con vidrio, no estoy en condiciones de reconocer a esta persona”.

La misma postura tuvo el segundo testigo, quien reafirmó: “Eran dos personas con cascos, no puedo reconocer a este señor. El que me apuntó tenía un arma, pero no sabría decir si era pistola o revólver”.

A la luz de estas declaraciones, el agente fiscal José Casaccia, quien intervino en la etapa final del proceso, retiró la acusación en sus alegatos finales, afirmando que no podía sostener una condena ante la duda razonable y la falta de elementos probatorios. “No puedo permitir que una persona que podría ser inocente, sobre la cual hay mucha duda, sea condenada. Solicito su absolución”, expresó.

El defensor público Alcides Sotelo respaldó el pedido del fiscal y subrayó: “Desde el inicio advertimos que no existían pruebas válidas contra mi defendido. Hoy, las únicas personas que podían vincularlo, lo absuelven con su testimonio”.

El Tribunal, integrado por los jueces Bernardo Arzamendia, Marcela Escobar y Raquel García, resolvió declarar la absolución de F.R. por no haberse acreditado su participación en el hecho. Durante el juicio, el acusado, visiblemente afectado, expresó: “Yo soy inocente. Estoy preso hace más de tres años por algo que no hice. Tengo tres hijos que me necesitan, la más chiquita tiene 4 años. Desde la cárcel hago tortillas y vendo caramelos para que no les falte comida. Solo pido mi libertad”.

La causa deja en evidencia una profunda falla en el sistema judicial, que mantuvo recluido a un hombre sin pruebas, sin declaración previa y sin acceso real a una defensa durante los primeros momentos del proceso.

El defensor público también agradeció la objetividad del fiscal Casaccia, aunque cuestionó el manejo previo de la investigación. “No soy quién para juzgar a los fiscales anteriores, pero lo que aquí quedó claro es que una investigación desprolija mantuvo a un inocente encerrado por más de tres años”, concluyó Sotelo.