Cristhian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, expresó que la institución ya respondió a todos los cuestionamientos planteados y aguarda que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resuelva la situación los más rápido posible.

«Estamos en el medio de una guerra comercial, donde las empresas que van a pugnar tienen sus medios o trolls, y se acusan uno con otros. Nosotros queremos estar al margen y trabajar con Contrataciones Públicas y decirles que nuestros pliegos tienen condiciones elevadas, que responden únicamente al interés de la institución, la democracia y del país», señaló.

El funcionario advirtió además sobre los riesgos de permitir la participación de empresas sin respaldo. “No podemos permitir que venga una empresa de maletín y que nos eche la licitación o que después nos extorsione”, subrayó.

Uno de los puntos cuestionados por la empresa oferente es una cláusula que exige al proveedor contar con al menos 10 años de antigüedad desde su constitución. En ese sentido, Ruiz Díaz expresó: «La empresa que protesta tiene más de 20 años (de antigüedad), entonces ¿dónde está el agravio?»

El director insistió en que la exigencia no busca beneficiar a ninguna empresa en particular. “Lo que queremos que entienda la DNCP es que lo que pedimos no es para favorecer a uno u otro competidor que no sabemos quiénes son”, afirmó.

Finalmente, advirtió que si la situación no se resuelve en los próximos 15 días, se podrían poner en riesgo las elecciones municipales. “Estamos dentro de un plazo límite. Necesitamos que la próxima semana se resuelva esta protesta. Queremos que las máquinas estén en las calles este mismo año para que la ciudadanía y las organizaciones políticas se familiaricen con ellas”, concluyó Ruiz Díaz.