Peter Stano, portavoz de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, señaló que "desde 2018, el gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, utilizando asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamiento, acoso e intimidación contra opositores políticos, así como contra periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes religiosos y otros", según la agencia AFP.

Stano hizo un llamado urgente al gobierno centroamericano "para que libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y abandone todos los procedimientos judiciales contra ellos". La UE también criticó que, en 2022, Ortega cerrara más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil "sin justificación previa".

Peter Stano, portavoz diplomático de la Unión Europea.

EE. UU. critica "brutal ataque"

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el cierre de las radioemisoras católicas.

Ambas organizaciones pidieron al Estado de Nicaragua "cesar los constantes ataques contra el Iglesia católica" y "abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones".

Asimismo, el principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, dijo en un tuit que "el brutal ataque de Ortega-Murillo contra el clero católico, instalaciones radiales y miembros de la comunidad en (el municipio de) Sébaco es otro golpe a las libertades de religión y expresión en Nicaragua".

El país latinoamericano vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

VT (afp, kna, efe)