El proyecto de Dionisio Amarilla insta al Poder Ejecutivo a coordinar, mediante la Procuraduría General de la República, las acciones necesarias para agilizar la resolución de Ueno Bank y garantizar la devolución de los depósitos a los ahorristas. Por su parte, Yolanda Paredes plantea que la Procuraduría promueva urgentemente acciones judiciales o extrajudiciales y medidas cautelares para resguardar los intereses patrimoniales de la República ante las operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank, el Grupo Vázquez y Ueno Holding. La tercera iniciativa expresa preocupación por los fondos de los Bomberos Voluntarios que permanecen en la entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay.

A estas iniciativas se suma el paquete de siete pedidos de informes presentado anteriormente por el senador Rafael Filizzola, dirigido a distintas instituciones públicas para esclarecer las operaciones financieras y societarias vinculadas al conglomerado empresarial. Los requerimientos apuntan al Banco Central del Paraguay, IPS, Ministerio de Economía, DINAPI y Ministerio de Trabajo, entre otras dependencias, y buscan acceder a documentación sobre supervisión bancaria, préstamos, movimientos de empresas vinculadas, registros patronales, beneficiarios finales y operaciones comerciales.

Entre los puntos más sensibles que Filizzola busca esclarecer figuran las operaciones relacionadas con Redipro y Wepa, la venta de cartera a Vinanzas S.A. y la concentración de depósitos públicos en la entidad bancaria. De esta manera, el Congreso comienza a poner el foco no solamente en la devolución del dinero a los ahorristas, sino también en las eventuales responsabilidades institucionales y en la protección de recursos públicos comprometidos en la crisis financiera de Ueno Bank