Así explicó la fiscala Belinda Bobadilla en conversación con El Observador, en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. Una eventual imputación se podría extender a otros funcionarios o profesionales, considerando que se estaría ante un esquema criminal, de acuerdo a lo corroborado por la auditoría de la propia Corte y que salpica a jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranza.

-Doctora, con respecto a los ujieres ¿Cómo se diría la hipótesis? O cómo es que llaman a ustedes, lo que tienen que construir. Es producción de documento de contenido falso. ¿Qué sería ahí, doctora?

“Preliminarmente, el análisis está basado si la conducta de los mismos se adecua a la producción inmediata de documento público de contenido falso y también la situación eventualmente, en el caso de que están recibiendo sumas de dinero y no están realizando el trabajo por el cual están cobrando, también analizar la posibilidad de un cohecho en ese sentido”.

-Esa investigación, esa conducta punible, digamos, ¿se encuadraría solamente para los ujieres o abarcaría a más personas dentro de lo que se denomina un esquema criminal?

“En teoría, se podría decir preliminarmente que podría involucrar a otras personas; pero eso sería en teoría. Lo que se tiene que ir construyendo, es en base a lo que se va incorporando en la carpeta fiscal. Necesito los elementos suficientes y a medida que vamos recolectando con los doctores Leonardi Guerrero y Jorge Arce, e ir construyendo cada una de las conductas y ver si existe la coparticipación de otras personas en los casos de las notificaciones o en los casos también mismo de las actuaciones de los oficiales de justicia”.

-Claro, porque en la auditoría se le incluye a todos, están los actuarios y también está la implicancia de los jueces en los hechos irregulares o anómalos. Construir la comisión de un hecho punible es más complicado.

“En principio, se tendría que establecer preliminarmente de que tenían conocimiento de esta situación, de que los ujieres no estaban realizando las notificaciones. Eso es lo que habría que establecerse preliminarmente. Obviamente, eso acreditando con elementos, tenemos que ir viendo para construir caso por caso, el tema de cómo en base a lo que está en los informes de auditoría, qué es lo que surgen de las actuaciones judiciales para poder afirmar preliminarmente si existiría una suerte de conocimiento, de que si las notificaciones eran realizadas de manera simultánea o no, no se podría afirmar en este momento de que sí es el caso”.

-Algún otro punto que quieras agregar nos quieras agregar

“La investigación avanzará, obviamente, no será algo rápido, que tomará necesariamente su tiempo, porque como digo son varias personas involucradas, hay varias personas que estarían afectadas y bueno, para poder hacer una investigación acabada, sea el destino que tenga los resultados, ya sea en positivo o en negativo, la investigación debe ser completa”.

DIEZ MIL EXPEDIENTES

-El otro punto que siempre llamó la atención, es el hallazgo de 10.000 expedientes en la empresa privada Carsa, que el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón calificó de inadmisible en la sesión de la Corte Suprema de Justicia del miércoles pasado. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?

“Como lo señaló el ministro, es inadmisible, no es posible ni ajustado a la ley que expedientes judiciales se encuentren en custodia de particulares, justamente conforme a declaraciones que estamos recibiendo es que esta situación de hacer de depósito particular de documentos que corresponden estar bajo la custodia del Estado, lo que estaría generando o podría generar también lo que se conoce como corrupción privada. Finalmente, se podría contar con empleados de menor jerarquía, incluso también abogados que tienen acceso a estos expedientes y el día de mañana en vez de cumplir con la finalidad, finalmente, que se tenía al tener estos expedientes en su poder que es eh sacar o dar más espacio a los juzgados, pero cada vez que fuese necesario presentar los expedientes, cuando finaliza eh todo el cobro a través de los embargos, devolver en los expedientes y el pedir el finiquito. Eh, tenemos situaciones de personas que estarían justamente manifestando que se presentaban en los juzgados de paz y le afirmaban que sus expedientes no eran encontrados en los archivos”.

“También tenemos una situación de que estos retiros de expedientes no eran realizados conforme a la ley, estableciéndose el motivo y el emplazamiento por el cual iban a ser retirados. Hay que tener en cuenta que se pueden retirar expedientes, pero en situaciones muy puntuales, estos retiros obviamente se apartan de lo que establece la normativa procesal civil. Y eran inclusive realizados de manera varios expedientes, o sea, me refiero a cientos de expedientes retirados de una, entonces tenés diferentes tipos de actas de retiro, muchas listas que no están informatizadas y también lleva la situación de que cuando se presenta un particular, obviamente hay que comenzar a buscar en estas listas interminables”.

“Y después se da que cuando las personas también refieren que se hicieron los pagos, eh ya sea en las agencias estas que se dedican al cobro de personas morosas a que compraron la deuda, o veces que incluso también realizan el pago para cancelar y salir del problema judicial en las empresas que originalmente se eh se dio la deuda y en el momento en que se tiene que hacer esos finiquitos o los levantamientos de embargo, terminan pidiéndole sumas de dinero o que le piden sumas de dinero por un monto menor de la deuda a cambio de extraviar el expediente”.

“Son situaciones que se están observando y que justamente se podría decir que se originan como consecuencia de que estos expedientes no se encuentran en los lugares que deberían estar y eso es bajo la custodia del Poder Judicial, eh ya sea en los Juzgados de Paz, que obviamente no tienen espacio físico, pero sí en instalaciones apropiadas para ellos donde los solamente los funcionarios puedan acceder”.

El Observador